Letras Desnudas
Mario Caballero
¿Un poder judicial a modo?
En las épocas del autoritarismo en Chiapas, el Poder Judicial del Estado estaba literalmente subordinado al Ejecutivo. Era una institución, como muchas tantas, para simular que Chiapas tenía un régimen democrático con división de Poderes.
A pesar de lo que eso significaba, no faltaron los abogados que se apuntaban para ser magistrados. Sabían que eran puestos decorativos, que eran servidores del gobernador, pero ganaban un dineral.
Dada esa irrelevancia, muy pocos conocían el nombre del magistrado presidente y menos todavía el de los magistrados. De hecho, antes de la reforma impulsada por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en años recientes ni siquiera existía certidumbre sobre el orden jurídico para la designación de jueces y magistrados. En los medios, prácticamente, no aparecían noticias sobre este órgano jurisdiccional, salvo ocasiones en que el presidente del Tribunal salía a soltar elogios al gobernador.
La importancia del Poder Judicial no es un asunto menor. Está constituido como un organismo con capacidad, facultades y recursos propios, por lo cual sus funciones son condiciones sine qua non para la subsistencia de un régimen democrático, para una real y correcta administración de justicia, incluso, por su autonomía, puede llegar a representar un contrapeso al poder.
Sin embargo, para conservar esa autonomía se requiere, primeramente, de la independencia y autoridad de todos los que conforman el Poder Judicial.
A gobernadores como Pablo Salazar Mendiguchía, quien encabezó una de las administraciones más represivas de la historia moderna de Chiapas, utilizó los medios a su alcance para tener un Poder Judicial domesticado y cómplice.
Del mismo modo con que Victoriano Huerta empleó la fuerza pública para disolver el Congreso después de que asesinara a Francisco I. Madero, Pablo mandó a la policía a impedir que Jorge Clemente Pérez tomara protesta como titular del Tribunal Superior de Justicia. Fue así como se deshizo del freno judicial para erigir un Poder a modo.
Este hecho destaca en los anales de la historia no sólo por la enorme exhibición del autoritarismo de Salazar, sino también porque significó la destrucción de los equilibrios y la evolución de un gobierno sin contrapesos.
Como botón de muestra, tan sólo el último presidente del máximo tribunal de Chiapas de ese periodo, Milton Escobar Castillejos, fue acusado de ser partícipe en el asesinato de un detenido y no pasó nada. Así como muchos otros casos que quedaron impunes en los que funcionarios del círculo íntimo del exgobernador fueron señalados de abusos de poder, despotismo, incluso asesinatos.
Como mencionamos antes, constitucionalmente este organismo fue concebido con independencia tanto de acción como de agenda. Propugnando por la estabilidad, la buena remuneración y el compromiso de los magistrados y jueces, para que con ello se sometieran al imperio de la ley y no a presiones, intereses o prejuicios venidos desde el poder.
Lamentablemente, para el exgobernador Juan Sabines Guerrero un tribunal con autonomía no cabía en su enajenada concepción de gobernar.
Fiel a la vieja frase de Álvaro Obregón, de que nadie aguanta un cañonazo de 50 mil pesos, doblegó a punta de cañonazos de dinero a los integrantes del Congreso del Estado para imponer a gente a modo en la titularidad del Poder Judicial. Para mayor desgracia, todos los que pasaron por esa importantísima posición durante su periodo fueron acusados, y en algunos casos obligados a dejar el puesto, por conflictos de interés.
De 2006 a 2012, el Tribunal Superior fue la sábana con la que se cubrieron todos los funcionarios corruptos de esa reprobable administración, empezando por el exmandatario.
Durante ese periodo, esta institución perdió toda credibilidad y confianza ante el pueblo chiapaneco, que se dedicó a encubrir fraudes, desvíos de recursos públicos, tráfico de influencias, acosos sexuales por parte de altos funcionarios del gabinete, fraudes a la democracia, entre otros delitos. No es todo. Pues a través de ésta se ejercieron terribles persecuciones políticas en contra de los opositores del gobierno, así como amenazas, represiones y hasta desapariciones de activistas sociales y líderes campesinos.
El que cerró este sexenio al frente del Tribunal fue Rolando Ramos Rovelo, quien fue señalado de falsificar firmas para el pago irregular de compensaciones que nos costó a los chiapanecos muchos millones de pesos.
En fin, el gobierno de Juan Sabines Guerrero fue un llamado a robar, que utilizó al Poder Judicial para cubrirse las espaldas.
CAMBIO
Pero llegó el 2013 y conforme Rutilio Escandón Cadenas, entonces presidente del Poder Judicial, fue corrigiendo los yerros y las malas prácticas, éste comenzó a parecer como un poder verdadero.
La asepsia no fue fácil. Incluso fue dolorosa. Los cambios que promovió trastocaron viejos intereses que no tardaron en protestar y oponerse, pero todo lo que hizo e inspiró en los casi cinco años que representó ese Poder, fue necesario.
El 16 de enero de 2018, Juan Óscar Trinidad Palacios asumió la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, y además de darle continuidad a los buenos emprendimientos del hoy gobernador, con su experiencia, capacidad profesional y empeño por devolverle la credibilidad al organismo, el Poder Judicial se ha venido afianzando como un auténtico instrumento para salvaguardar el Estado de Derecho, condición indispensable de toda democracia.
Por eso ahora podemos hablar de un Poder Judicial en el que se toman decisiones de vital trascendencia para las personas y para la sociedad, como la vida, la libertad, el patrimonio, los derechos y las obligaciones. Decisiones que descansan en jueces independientes e imparciales, que favorecen la justicia sobre cualquier otro interés y sin la presión de nadie.
Ahora no escapan a la vista la conducta y el desempeño de los juzgados, que en los últimos años han resuelto una infinidad de asuntos de temas civiles, penales, familiares y mercantiles. Y con las nuevas reformas, que contemplaron la sustitución de órganos jurisdiccionales en materia laboral, burocrática y de justicia constitucional, también se redujeron los costos y se mejoraron los procesos. En otras palabras, la justicia en Chiapas es ágil.
Y a diferencia de otros tiempos, la relación entre el poder Ejecutivo y el Judicial es de respeto mutuo, cooperación, trabajo conjunto. Por un lado, Trinidad Palacios, como buen jurista, ha empeñado todo su esfuerzo por adoptar para la institución valores como la honestidad, la transparencia, la responsabilidad. No con poco esfuerzo ha logrado hacer del Tribunal Superior una herramienta eficaz de justicia, que avanza con autonomía y le apuesta a la construcción de un confiable régimen de legalidad.
DECISIONES
Por todo ello, me parece que la apreciación de aquellos que hablan de que en Chiapas tenemos un Poder Judicial a modo es errónea. Porque, para empezar, no vemos que éste haya regresado a las épocas autoritarias donde era un poder sin poder, una simulación para presumir que en el estado sí existía una división de poderes.
Me parece que hay que juzgarlo por las decisiones que toma. Y las decisiones que se han tomado ahí desde el magistrado presidente hasta los jueces, han contribuido a la estabilidad social y política de Chiapas.
@_MarioCaballero
