Enrique Buenrostro/ Diario de Chiapas
El Comité Electoral del Sindicato Único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas, (Suicobach) emitirá una nueva convocatoria para la renovación del Comité Ejecutivo sindical 2021-2027, informó Elio Ojeda Morales.
En conferencia de prensa y acompañado de representantes sindicales de las distintas regiones del estado, dijo que la convocatoria a emitir próximamente se encuentra apegada en el marco legal de los estatutos y de la nueva legislación laboral, y validada en la asamblea realizada el 17 de mayo pasado por dos mil 699 trabajadores sindicalizados.
“Esta Comisión Electoral es la legal, legítima porque tenemos la mayoría de compañeros afiliados al sindicato, de un censo de más de tres mil compañeros; aquí no hay vuelta somos la mayoría, somos conscientes que hay grupos disidentes, es normal en toda democracia”, señaló.
Respecto a las votaciones que se llevaron a cabo en días recientes y que se anunció a un nuevo secretario general, Ojeda Morales consideró que se dieron procesos “no muy transparentes, no muy legales. Hay falsificación de documentos, de firmas. Hay un proceso legal en curso, las autoridades correspondientes sabrán si sancionan ese evento que para nosotros es ilegal y antidemocrático”.
Expuso que los disidentes argumentaron que realizaron una asamblea estatal en abril del año pasado (cuando Chiapas vivía momentos críticos por la pandemia) y no se tenía permitido aglomeración de personas por disposiciones federales. Esta acción fue calificada, por el presidente de la Comisión Electoral, como violatoria.
El jurídico del Suicobach, Andri Velasco González, explicó que la toma de nota que entregó la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a los trabajadores disidentes, derivó en la emisión de juicios de amparos ante el Juzgado Séptimo de Distrito y el proceso legal sigue activo.
Informó que se presentó una querella ante el Fiscal del Ministerio Público Investigador, debido a que encontraron falsificación de documentos que fueron exhibidas con copias certificadas donde se puso que algunos trabajadores firmaron, pero se negaron participar en ese acto y serán las autoridades las que califiquen el delito y sus consecuencias, “toda vez que la Junta de Conciliación y Arbitraje exhibió ante el juzgado séptimo de distrito documentales, copias certificadas de compañeros que supuestamente firmamos y no fue así”.
