Marco Alvarado/Diario de Chiapas
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) reaccionó a lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que resolvió sobre la inconstitucionalidad de los artículos 196 y 224, fracción II del Código Penal del estado de Coahuila, que penalizaba el aborto “autoprocurado o consentido” mismo que establecía una pena de uno a tres años de cárcel a la mujer que voluntariamente practicara su aborto o a quien la hiciere abortar con el consentimiento de aquella.
En este sentido, los obispos que integran la CEM, reiteraron su llamado a garantizar la protección de las mujeres en toda circunstancia, gestando o no, al tiempo que se respete el derecho humano a la vida tanto de la madre como del concebido aún no nacido.
Para ello, anunciaron que en el curso de los próximos días y semanas, presentarán algunas propuestas y acciones que contribuyan a la defensa de la vida.
De acuerdo con lo expuesto por esta organización, “los problemas que enfrentan las mujeres y el estatuto jurídico del concebido no nacido son un tema complejo con aristas antropológicas, científicas, filosóficas y éticas que no es posible reducir a una resolución en un asunto judicial”.
Al respecto, hicieron un llamado a una nueva y profunda reflexión “que nos permita encontrar un camino común de solución a un problema multidimensional y multifactorial como el que nos ocupa”.
No obstante, reconocieron que ninguna mujer debe verse orillada a recurrir a la práctica del aborto, situación que en un gran número de casos deja una profunda secuela de dolor “en este sentido, somos conscientes que la cárcel no es una solución a la problemática de la mujer que aborta y más bien puede ocasionar su revictimización”.
Así, la Iglesia refrendó su compromiso decidido y activo con aquellas iniciativas, programas y proyectos que busquen ofrecer los medios necesarios para que las mujeres construyan un proyecto de vida digno, de acuerdo con sus legítimas aspiraciones y se involucren activamente en todos los espacios.
