Jeny Pascacio /Diario de Chiapas
A propósito del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres advirtió sobre el incremento de las violencias, incluida la sexual, y sobre las crecientes dificultades para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, que se agravaron desde el comienzo de la pandemia de COVID-19.
“Desde el inicio, los movimientos feministas de todo el mundo señalamos los impactos más apremiantes que las medidas de confinamiento y restricciones a la movilidad adoptadas por los Estados tendrían en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas”.
No se superan los impactos ocasionados en todos los órdenes de la vida social y los hogares siguen siendo espacios poco seguros para las mujeres. Antes de contingencia sanitaria, en América Latina y el Caribe, los niveles de violencia contra las mujeres ya eran preocupantes.
Durante el confinamiento la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva se vieron impactados, incluido el acceso a la anticoncepción moderna, la atención a la salud materna y a la interrupción del embarazo (en los países donde la práctica es legal por causales o por plazos).
“Los riesgos de muerte materna se incrementaron en toda la región vinculados a la escasez o ausencia de controles pre-natales, así como a la probable multiplicación de las prácticas inseguras de aborto en este contexto”.
Una de las consecuencias previsibles del incremento de violencia sexual en niñas y adolescentes en este periodo son los embarazos infantiles y en adolescentes.
Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de México declaró la inconstitucionalidad de la penalización del aborto en el Estado de Coahuila. Este fallo histórico abre el camino para la despenalización del aborto en todo el país, que hasta el momento sólo se ha logrado en cuatro entidades federativas.
En diciembre de 2020 la Argentina aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que permite la práctica legal del aborto hasta la semana 14, plazo después del cual sólo aplican los supuestos para la interrupción legal (ILE).
Los avances en México y Argentina contrastan fuertemente con las medidas adoptadas en los Estados Unidos para restringir el derecho a decidir de las mujeres.
La interrupción del embarazo continúa completamente penalizada en seis países de nuestra región: El Salvador, Rep. Dominicana, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam. En estos contextos restrictivos, las mujeres son procesadas por homicidio inclusive por abortos espontáneos.
