Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra Las Mujeres, familiares víctimas indirectas de feminicidio y sobrevivientes, además de representantes de mujeres que injustamente están en prisión, alzaron la voz desde sus trincheras para visibilizar y denunciar la violencia feminicida, social e institucional, así como la impunidad y falta de acceso a la justicia.
En el caso de las madres de víctimas de feminicidio, demandaron justicia para sus hijas denunciando al Sistema de Justicia de Chiapas por las múltiples irregularidades en las carpetas de investigación.
Acompañadas de organizaciones como Colectiva Cereza, Colectiva Tsatsal Ontonal y Melel Xojobal A.C., pidieron de manera contundente que la Fiscalía del Estado investigue debidamente las muertes violentas de mujeres y niñas, conforme a los protocolos, pues no toman en cuenta la perspectiva de género, ni la debida diligencia como se ordena en la resolución de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y que, hicieron hincapié, debería ser observada por todas las autoridades que atienden estos casos.
“Sufrimos violencia institucional, el personal de la Fiscalía y de los juzgados nos maltratan, en lugar de investigar al asesino nos investigan a nosotras, a nuestras familias, no nos reciben en las oficinas, atacan a nuestras hijas, las culpabilizan a ellas de sus feminicidios”.
“Con esas resoluciones nos matan otra vez. Nos dañan moral y psicológicamente y nos desgastan económicamente”, dijo la madre de una víctima de feminicidio.
En el caso de las víctimas de violencia institucional exigieron llegar a la verdad de los hechos en la causa de la familia de Chictón y la participación independiente del Poder Judicial de la Federación para reponer la etapa de investigación que se cerró de forma corrupta.
Demandaron la inmediata resolución de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Comisión Nacional de Derechos Humanos y la pronta reparación del daño para toda la familia criminalizada injustamente y cuyo padre fue asesinado en prisión.
CONTRA MENORES INDÍGENAS
Melel Xojobal con sede en los Altos de Chiapas, alertó sobre el incremento de las violencias y su gravedad contra niñas, niños y adolescentes en la entidad, pues del 2011 al 2021, 70 fueron víctimas de feminicidio y la mayoría de los casos están en la impunidad.
Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula son los municipios donde se registran los mayores porcentajes y el 43% de los casos se trataba de niñas y adolescentes indígenas.
Las organizaciones recordaron a las otras víctimas de feminicidio, que son las niñas y niños que se quedan huérfanos por el asesinato de sus madres y no cuentan con ningún apoyo del Estado. En este 2021, se conoce el caso de 36 menores que están en esta situación.
Este año, también tienen una cifra récord de 574 donde las niñas y adolescentes mujeres representan el 72% del total de personas con reporte de desaparecidas.
La Colectiva Cereza denunció que el Sistema de Justicia Penal reproduce la violencia contra las mujeres y el racismo y no garantiza condiciones de seguridad para que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia y, en cambio, se les criminaliza injustamente.
10 MIL ASESINATOS
A nivel nacional, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio denunció la prevalencia de la violencia feminicida en México, y la necesidad urgente de impulsar acciones estructurales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia que lacera a mujeres, niñas y adolescentes.
De enero de 2019 a septiembre de 2021 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha documentado 10 mil 446 asesinatos de mujeres, de los cuales 2 mil 681 son investigados como feminicidio, lo que refleja la prevalencia del índice delictivo.
Entre los estados de mayor preocupación se encuentran: Guerrero, Jalisco, Colima, Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Puebla.
El observatorio mencionó que Chiapas, en el estado la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres fue declarada en noviembre de 2016, sin embargo, solo se ha realizado un dictamen en 2018, en donde la mayoría de las medidas se encontraban en proceso de cumplimiento. Hasta el día de hoy no hay un dictamen que permita saber hasta donde ya están cumplidas las medidas que estaban en proceso.
Tras un desglose de la situación por entidades, hicieron un llamado al Gobierno Federal para que reconozca que la violencia contra las mujeres es resultado de la discriminación y de las relaciones de poder generadas por la cultura machista, que afecta a todas las mujeres de cualquier extracto social.
“Al Congreso Federal, apruebe las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su apartado del Mecanismo de Protección de la Alerta de Género, para mejorar su funcionamiento ante la gravedad de la violencia feminicida”.
Mientras a los gobiernos estatales y municipales, que refuercen las medidas que se han decretado a través de la Alerta de Género para que las acciones implementadas, muestren resultados reales.
