Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
Cerca de 20 mil personas se encuentran desplazadas forzadamente de al menos 15 municipios de la geografía de Chiapas, por motivos que en muchas ocasiones están ligados a la violencia por grupos armados que buscan controlar los municipios.
En 2012 se echó a andar la ‘Ley para la prevención y atención del desplazamiento interno en el estado de Chiapas’ que en un apartado reconoció no estar incorporada en nuestro orden jurídico nacional, “no existen estadísticas ni cifras oficiales sobre las personas internamente desplazadas, lo que hace complejo el estudio y evaluación del fenómeno”.
Pero a 10 años de su creación aún no existe un registro oficial de las personas que se vieron forzadas a abandonar sus viviendas, a pesar de ser un tema de gran relevancia social y por las precarias condiciones en que viven las familias, algunas en situación de hacinamiento.
En el caso de conflictos como el de Aldama y Chenalhó, el desplazamiento de habitantes persiste por la constancia de los ataques a pesar del “acuerdo definitivo” de resolución del conflicto agrario, firmado en noviembre de 2020. Organizaciones consideran que el caso escaló a una disputa por el control del territorio.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, ha reconocido que los grupos paramilitares de la zona cuentan con una gran capacidad de fuego y que posiblemente algunos están ligados con la delincuencia organizada.
De acuerdo con la documentación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), se trata de tres décadas desplazamiento forzado. De 2010 al 2021, documentó el desplazamiento forzado de 14 mil 476 mil personas por motivos religiosos y conflictos armados internos, principalmente de la comunidad maya-tsotsil de Chalchihuitán, Chenalhó, Aldama, San Andrés Duraznal y Pantelhó.
Otro conteo del Centro de Derechos Humanos Ku’untik registró que tan solo en el gobierno de Manuel Velasco Coello (2012-2018) fueron desplazadas más de cinco mil personas y en estos casos también hay medidas cautelares sin cumplir otorgadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El 10 de enero de 2022, autoridades comunitarias de Mitzitón, en San Cristóbal de las Casas, expulsaron a dos familias tzotziles de religión evangélica que se habían negado a participar en las actividades de la iglesia católica de la comunidad, refiere la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Mientras personas desplazadas de los municipios de Ocosingo, Zinacantán y Chenalhó denunciaron que han recibido alimentos descompuestos y en cantidades insuficientes que representa un incumplimiento de recomendaciones emitidas por organismos nacionales y estatales de derechos humanos.
