Hartazgo por el transporte de la muerte
La volcadura del colectivo de la ruta 115-12 que dejó al momento tres personas muertas y una decena de heridos ha revivido de nueva cuenta la cloaca que se vive en el sector transporte desde hace varias décadas, y en la que las actuales autoridades se han visto rebasadas al no poder controlar, menos regular, a los pulpos de este sector, cuyos tentáculos “abrazaron” la complicidad de delegados y a la misma cabeza de la Secretaría de Movilidad y Transporte.
O ya se olvidó que, en julio del año pasado, una unidad de la ruta 73, propiedad del concesionario Julio César Chong Kuan, alias “El Chino”, se quedó sin frenos en la pendiente de la colonia Chapultepec. Rubén Stevens Juárez, de 23 años, murió y cinco pasajeros más resultaron lesionados.
O lo que pasó en la colonia San Cayetano, cuando otro colectivo de la ruta 63, que descendía de la colonia San Pedro, se quedó sin frenos y se estampó en una casa, con saldo de 11 lesionados. En ambos casos, las malas condiciones de las unidades fueron la causa de los percances.
No es una exageración los comentarios, al contrario, al registrarse estos accidentes la ciudadanía recuerda que existe una dependencia que debe poner orden. De nada sirve que se expidan leyes para regular si éstas no se aplican.
Los concesionarios del servicio público en la modalidad de taxis y colectivos, así como de las agrupaciones de los miles de mototaxistas, tienen la ‘bendición’ de la Secretaría para trabajar sin cumplir al cien por ciento con los requisitos.
Lo peor es que las promesas y declaracionitis de que se mejoraría el servicio en colectivos y taxis ha quedado a deber. En los hechos se demuestra que no se ha metido en cintura a los concesionarios para indemnizar la pérdida de vidas humanas.
Hace tres años se escuchó decir a Aquiles Espinosa que resolvería o intentaría solucionar lo que pasados gobiernos obviaron y permitieron para que el sistema de transporte esté desordenado. “Defenderé a quienes han dejado la vida tras el volante”, era su perorata.
De risa es hoy aquel compromiso de que se encontraba en la “disposición de dialogar con los transportistas y evaluar la pertinencia de las rutas o unidades que prestan el servicio de manera irregular”. Ni una ni otra, al contrario. Hay cada día más unidades clonadas, circulando bajo la protección de la Secretaría del Transporte y una política de puertas cerradas.
Y lo peor, con el reciente percance automovilístico ha salido a relucir que no hay control estricto en la documentación de las unidades. No es posible que tuvieran que pasar cuatro días para tener información superficial contra el concesionario del colectivo de la ruta 115-12, quien no ha dado la cara para responder a los señalamientos de los deudos.
Cuatro días, decimos, y no se conoce el destino del conductor que provocó el accidente registrado en el bulevar Belisario Domínguez, el pasado lunes. Son casi 100 horas del suceso y no hay una conferencia de prensa que indique que ya se dialogó con los familiares de las víctimas que, por cierto, han endurecido sus protestas, primero, quemando una unidad, y segundo, deteniendo otras de la misma ruta, y bloqueando los accesos a San José Terán.
Emitir comunicados con seguimientos superfluos desde la comodidad del escritorio “hasta mi abuelita”, cita un viejo estribillo. No, hoy es justamente obligatorio y necesario que haya transparencia, que este accidente fatal orille a tomar el toro por los cuernos.
Es una reverenda mentada que la institución que debe velar por los derechos de miles de usuarios, salga la noche del miércoles a decir que ya citó al representante y socios de la cooperativa involucrada en el accidente de tránsito para exhortarlos a que respondan por los daños y perjuicios causados a los usuarios. Además, de que ya se encuentran realizando los procedimientos legales ante la autoridad competente para resarcir los agravios ocasionados.
Fue más efectiva la Fecotrach al señalar que ya hay monto de indemnización que debe pagar la aseguradora. Este dato, por más certero que sea, carece de validez si la Secretaría de Transporte no se pronuncia.
Insistimos, no se trata de exhortos, sino de aplicar la ley. Mínimo debieron haber presentado videos del trayecto de la unidad y en caso de que una cámara del C5 lo haya grabado, dar a conocer la forma del percance. Si iba jugando carreras el chofer o si fallaron los frenos, son causas muy diferentes para analizar los efectos.
Si emitir un peritaje lleva días, hay que decirlo de viva voz. Lo que se exige es justicia, atención y lo que la ciudadanía hace con sus protestas en este caso muy específico, es demostrar el hartazgo que se tiene ante una autoridad del transporte omisa, sumisa, cómplice, indolente y negligente para meter en cintura a los “pulpos” que a lo largo de los años viven plácidamente, acostados en su hamaca, esperando su paga, aunque en el asfalto de la ciudad, sus unidades sean, por sus condiciones mecánicas y de falta de transparencia en la documentación para circular, los transportes de la muerte.
