Adriana Santos / Diario de Chiapas
En la búsqueda de frenar presuntos actos delictivos como atentados y hostigamiento cometidos contra transportistas concesionados y permisionarios que cubren las rutas de Tapachula, Tuxtla Chico, Cacahoatán, Unión Juárez y Suchiate, exigen al gobierno del Estado su intervención.
A través de un comunicado extendido al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, al fiscal general, Olaf Gómez Hernández, a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto y a la secretaria de Gobernación, Cecilia Flores Pérez, señalan que esta unión busca encontrar la paz, la seguridad y tranquilidad para realizar sus actividades diarias.
En el documento, exponen que los grupos delincuenciales de la zona los obligan a cubrir un pago semanal por protección en el llamado cobro de piso, por lo que piden atención urgente y solución a este problema.
Asimismo, detallan que el gremio transportista del municipio de Cacahoatán ha sufrido, como ha ocurrido en otros municipios de la Costa de Chiapas, presiones y amenazas de bandas delictivas dedicadas a las extorsiones y en el que con violencia se pretende condicionar a pagarlas, ya que de no aceptarla y cumplir señalan van a matar a directivos, choferes y tirar bombas en las terminales.
Es por ello que, piden a las autoridades de los tres niveles de gobierno atender el llamado, pues actualmente son dos empresas transportistas en la modalidad de Urvan que se han visto en la necesidad de dejar de prestar el servicio público de pasaje de Tapachula a Cacahoatán en forma normal luego de recibir amenazas directas con nombres y números de unidades que van a sufrir las consecuencias de no pagar, además de un atentado en contra de un chofer que fue baleado, como medida de presión para que se acceda al pago, delincuentes motociclistas con unidades sin placas son los ejecutores sin que se regule su circulación, se ha informado que las llamadas se originan desde el interior de reclusorios de Chiapas sin que se les bloquee o se coloquen inhibidores.
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