Marco Alvarado /Diario de Chiapas
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) hizo un exhorto a las autoridades para que cumplan con la garantía del derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes, como derecho exclusivo a la autonomía reproductiva y, por tanto, a la autodeterminación sobre la maternidad.
También para que todas las autoridades, en sus respectivos ámbitos de competencia, garanticen lo dispuesto en la NOM-046-SSA2-2005, respecto a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
Asimismo, que aseguren que las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia sexual no sean criminalizadas por abortar y puedan acceder a servicios de anticoncepción de emergencia, ya que la negación de estos servicios afecta en mayor medida a las que viven en situación de mayor vulnerabilidad por su origen étnico, edad y condición económica, entre otros factores.
Esto luego de conocerse la liberación de Aurelia García, quien fue hospitalizada en 2019 como consecuencia de un aborto espontáneo y posteriormente arrestada por el presunto delito de homicidio en razón de parentesco.
Sobre este caso, por unanimidad de 10 votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, en septiembre de 2021, la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, en la que se pronunció sobre la inconstitucionalidad de las normas que criminalizan de manera absoluta a las mujeres y personas gestantes que deciden abortar, por lo que, al haber alcanzado una mayoría de votos, este importante precedente debe ser observado por todas y todos los jueces en el país, tanto federales como locales, por lo que deberán pronunciarse por la inconstitucionalidad de las normas penales que no contemplen la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la implantación, así como determinar la liberación inmediata de las mujeres que hayan sido encarceladas tras sufrir un aborto, en los términos dispuestos en la mencionada decisión judicial, se señala en lo correspondiente a estos casos.
