El objetivo de la carta es impulsar iniciativas regionales a través de la implementación con socios ejecutores que contribuyan a detener y revertir la deforestación
Francisco Mendoza / Diario de Chiapas
Con el financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, en el marco del Proyecto Comunidades Prósperas y Sostenibles, se integra el Mecanismo de Cooperación para la Conservación y Desarrollo Sustentable de los Paisajes del Sur-Sureste de México 2023 como un esfuerzo conjunto entre The Nature Conservancy y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, en colaboración con los gobiernos estatales de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), señaló que se trata de un instrumento que apoya la implementación efectiva de la carta de intención para la protección del medio ambiente y el desarrollo económico del sureste de México, firmada en 2022 entre los gobiernos estatales, USAID y TNC.
El objetivo de la carta es impulsar iniciativas regionales a través de la implementación con socios ejecutores que contribuyan a detener y revertir la deforestación, al tiempo que se promueven oportunidades de desarrollo económico próspero para las comunidades locales; además de reconocer y acelerar iniciativas emblemáticas de conservación y desarrollo sustentable en los paisajes del sur-sureste mexicano, a través de la movilización de capital semilla en los ejes temáticos de: conectividad en corredores ecológicos y bio-culturales, restauración y regeneración de ecosistemas degradados importantes ante el cambio climático y sistemas productivos sostenibles compatibles con la conservación.
Con el mecanismo se busca que los proyectos seleccionados tengan una influencia y relevancia destacada en las siguientes regiones prioritarias como: la Selva maya en la Península de Yucatán, Corredor Chimalapas – Selva Zoque en Chiapas, Oaxaca y Veracruz, Región serrana Huitiupán-Tacotalpa en Tabasco – Chiapas.
La convocatoria se encuentra dirigida a organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro e instituciones académicas, y son elegibles empresas sociales cuya acta constitutiva refleje un propósito ambiental y/o social que se encuentren interesadas en participar como socios ejecutores.
