VINCULAN A PROCESO A CUATRO EXFUNCIONARIOS DE SALUD POR LICITACIONES IRREGULARES

Bajo el liderazgo y la instrucción del Gobernador del Estado, Dr. Eduardo Ramírez Aguilar, la coordinación institucional permitió la vinculación a proceso a cuatro exservidores públicos por el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.– En cumplimiento a la política de Cero Corrupción y Cero Impunidad impulsada por el Gobernador del Estado, Dr. Eduardo Ramírez Aguilar, y atendiendo su firme instrucción de que toda irregularidad sea investigada y llevada hasta sus últimas consecuencias conforme a Derecho, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informa que logró la vinculación a proceso en contra de cuatro exservidores públicos de la Secretaría de Salud, por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio abusivo de funciones, ya que presuntamente omitieron observar las atribuciones inherentes a su cargo en su desempeño como servidores públicos.

Este resultado es producto del trabajo técnico, jurídico e institucional desarrollado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que integró las investigaciones administrativas correspondientes, recabó los elementos de prueba, presentó las denuncias conducentes y ha mantenido una estrecha coordinación y coadyuvancia con la Fiscalía General del Estado durante el desarrollo de la investigación penal.

La resolución emitida por el órgano jurisdiccional constituye un avance significativo en el combate a la corrupción, al estimar que existen datos de prueba suficientes para continuar el proceso penal, salvaguardando en todo momento los principios de presunción de inocencia, debido proceso y tutela judicial efectiva.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda que continuará actuando con estricto apego a la legalidad, privilegiando investigaciones sólidas, objetivas y técnicamente sustentadas, para garantizar que cualquier conducta que transgreda el marco jurídico sea sometida al escrutinio de las autoridades competentes.

Chiapas consolida una política pública en la que el combate a la corrupción deja de ser un discurso para traducirse en acciones concretas, investigaciones serias y resultados que fortalecen la confianza ciudadana en las instituciones y el Estado de Derecho.

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