El Frayba denuncia la fabricación de culpables

Marco Alvarado /
Diario de Chiapas
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció ante el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo que consideran es un “patrón de fabricación de culpables”, que criminaliza a los defensores de los derechos humanos de las poblaciones originarias.
Miguel Montoya, vicario de la Diócesis de Justicia y Paz de San Cristóbal de Las Casas, comentó que uno de los casos más recientes son las detenciones de Manuel Santiz Cruz, Agustin Pérez Dominguez, Juan Velasco Aguilar, Martin Pérez Dominguez y Agustín Pérez Velasco, cinco indígenas tseltales del municipio de San Juan Cancuc, defensores de derechos humanos, que fueron sustraídos de su comunidad por elementos policiales acompañados de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.
Sobre este caso, comentó que “se inventó un informe de detención con hechos falsos acusándolos de una supuesta detención por portación de drogas en otro municipio. Los detenidos fueron después procesados y sentenciados por un homicidio que no cometieron”, por lo que hoy exigen su inmediata liberación.
Otro de los casos que el Frayba mostró como ejemplo de esta “fabricación” de culpables, es el de Manuel Gómez Vázquez, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), quien permanece Privado Arbitrariamente de la Libertad (PAL) desde diciembre de 2020.
“Manuel fue acusado falsamente de un delito que no cometió, sometido a actos de tortura, desaparecido de manera forzada, y después procesado penalmente”, comentó Montoya.
De acuerdo con una investigación de la Junta de Buen Gobierno “El Pensamiento Rebelde de los Pueblos Originarios” en Nueva Jerusalén, la acusación en su contra fue un acto de criminalización a su adherencia zapatista. A más de dos años y medio de su detención es mantenido en reclusión de manera arbitraria bajo la medida cautelar de prisión preventiva, es decir sin haber recibido una sentencia, aún cuando la Constitución mexicana establece un límite de dos años.
El Frayba exigió la atención del Estado mexicano a través de la denuncia presentada ante el Grupo de Trabajo de la ONU, con el objetivo de que cesen los patrones de criminalización y represión hacia los pueblos originarios, en específico hacia las personas vulneradas en sus derechos por estos mecanismos de violencia institucional, además de que sean resarcidos los derechos humanos bajo los más altos estándares internacionales incluidos el de la libertad absoluta.