Frente Amplio reconoce el problema de inseguridad que sufre México, por lo que propone 12 líneas de acción
El Universal
México.- José Ángel Gurría entregó a los líderes del Frente Amplio por México, que encabeza Xóchitl Gálvez, el Proyecto de Nación que le fue encargado, denominado “Hacia un Programa de Gobierno 2024-2030” y que aborda 13 temas prioritarios para impulsar a México hacia el desarrollo y la prosperidad.
El documento parte del reconocimiento de que la inseguridad que sufre la sociedad mexicana es el principal reto que enfrentará el nuevo gobierno, por lo que, para mejorar la seguridad pública y la procuración de justicia, propone 12 líneas de acción:
Convocar a un acuerdo político nacional para impulsar una reforma profunda del sistema mexicano de seguridad y justicia, y avanzar en este tema con carácter de prioridad nacional; instituir un Sistema Nacional de Seguridad que permita dar coherencia y articulación a las tareas, atribuciones y responsabilidades de las distintas entidades de los tres niveles de gobierno a cargo de la seguridad.
Así como revisar y actualizar la agenda nacional de riesgos en función de las amenazas internas y externas a la seguridad nacional; Rediseñar la estrategia de seguridad pública con énfasis político y presupuestario en el fortalecimiento de las policías locales; Convertir a la Guardia Nacional en una institución civil encargada de preservar la paz y la tranquilidad en los territorios en donde no operan el resto de las corporaciones;
También el proyecto implica revisar la visión y misión de las Fuerzas Armadas; concentrar sus tareas en las misiones marcadas por la Constitución y su participación en seguridad pública como coadyuvantes de las autoridades civiles; crear un Sistema Nacional de Inteligencia que permita articular las capacidades y competencias de las distintas dependencias que generan inteligencia para combatir las principales amenazas al Estado mexicano.
Además de colocar la Política de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia como elemento central de la política integral de seguridad del Estado mexicano; Emprender una reforma del Sistema Penitenciario Mexicano como un componente imprescindible para avanzar en la estrategia de seguridad y justicia del Estado mexicano
Por último, toma en cuenta que la procuración de Justicia es de las áreas que mayores rezagos presenta; es necesaria su revisión y adecuación urgente a las necesidades del país; la actuación de los organismos del Estado debe priorizar la atención a víctimas, enfocada en feminicidios y crímenes de odio, y grupos vulnerables; e instituir en el gabinete de seguridad nacional un capítulo permanente a cargo de la Agenda Internacional de Seguridad y Procuración de Justicia de México.
En su diagnóstico, el documento sostiene que el país está envuelto en una ola criminal que alcanza cifras inéditas en nuestra historia.
“La expansión del crimen organizado es resultado de la complicidad abierta y/ o de la ineficiencia de autoridades de los tres niveles de gobierno. Los delincuentes poseen una capacidad de fuego que compite con la de las Fuerzas Armadas y supera en mucho a las policías estatales y municipales. La gravedad de la situación nacional en materia de seguridad y violencia es claro reflejo de las debilidades institucionales y de la deficiente coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno”, subraya.
Señala que la estrategia que ha puesto a las Fuerzas Armadas como eje rector de los temas de seguridad no ha dado los resultados esperados y las ha colocado en un proceso de desnaturalización de sus misiones constitucionales, en tanto que las policías estatales y municipales, responsables de la persecución y contención de los delitos del orden común, se encuentran muy por debajo del nivel de profesionalización, equipamiento y recursos que requieren para enfrentar el reto.
“La sobreposición de funciones entre Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y policías locales no abona a la seguridad del país. La seguridad ciudadana se ha visto demeritada por la debilidad estructural de las policías de proximidad y por la ausencia de programas de prevención social de la violencia y la delincuencia”.
Reconoce que en el corto plazo el Ejército o la Marina no pueden abandonar funciones de seguridad pública sin que las autoridades civiles respectivas en los tres niveles de gobierno, como en diversos sectores del propio gobierno federal, desarrollen capacidades suficientes en seguridad. Esto implica un proceso de transición bien planeado a efecto de retirar paulatinamente las funciones de policía y seguridad pública de la estructura militar y retirarlos de funciones de control administrativo civil (aduanas, aeropuertos, construcción de infraestructura, etc.).
