Romaric Godin
Es una obra que se repite una y otra vez en el espectáculo general de la economía. A intervalos regulares, un armario se abre y un ministro de finanzas descubre con horror la existencia de instrumentos de deuda que él mismo ha colocado en el armario. Sobreviene un pánico general bien ensayado, con portazos y todo el mundo clamando bancarrota, apelando a la responsabilidad y amenazando con un ataque a los mercados financieros.
Todo el mundo pide recortes en el gasto público y austeridad «para salvar al país». De hecho, aquí hay un empleado del ministerio con una pila de estudios económicos muy serios que demuestran que la austeridad refuerza el «crecimiento estructural». Contra el populismo, la razón dicta que hay que recortar el gasto.
Se prepara entonces el escenario para un severo régimen de austeridad que afecta sobre todo a los más pobres. La miseria aumenta, el país ve derrumbarse su crecimiento estructural y la recesión está asegurada. El colofón lo pone el mismo ministro que jura, con la mano en el corazón, que no le volverán a pillar. Antes de volver a llenar el armario…
En estos primeros meses de 2024, Francia parece haberse metido de cabeza en este mal vodevil cien veces repetido, pero cuyas consecuencias prácticas son considerables. Los discursos alarmistas sobre la deuda se multiplican. Como señala a Mediapart Benjamín Lemoine, sociólogo y autor de L’Ordre de la dette (La Découverte, 2022), «el efecto sorpresa político y mediático es fingido».
Señala que, «cuando los tipos de interés estaban en su nivel más bajo, gracias a la capacidad del BCE para gestionar el mercado de la deuda pública, la preocupación de los poderes públicos era la desaparición de la deuda como problema». Una vez retirado este apoyo, «había que preparar a la opinión pública para lo que estamos viendo ahora, que es una vuelta al orden de la deuda». Es precisamente en esta preparación en la que Bruno Le Maire lleva trabajando más de tres meses.
El Ministro de Finanzas ha abierto el famoso armario. De repente, la deuda pública francesa, que él ha contribuido alegremente a acumular gracias a la generosidad con el sector privado, se ha vuelto insostenible. Y es urgente.
En su libro-programa titulado La Voie française, publicado la semana pasada por Flammarion, el Ministro dedica un capítulo a la necesidad de reducir la deuda. Hace un torpe intento de explicar por qué son tan urgentes los recortes del gasto. Es una verdadera cueva de Alí Babá de argumentos, que van desde la subida de los tipos de interés (que debe terminar el próximo mes de junio) a la «degradación de Francia» (recurriendo a burdos anacronismos que evocan los gastos excesivos de San Luis y Luis XIV), sin olvidar a la reina de las pruebas: la caída del crecimiento.
Desde que se supo que las previsiones de crecimiento del Gobierno para 2024 eran demasiado elevadas, la mayoría macronista no ha dejado de recurrir a este argumento, resumido así por el ministro grafómano en su libro: «El débil crecimiento frena nuestra reducción de la deuda; por tanto, debe llevarnos a encontrar otras palancas para reducir la deuda en un futuro inmediato.»
El vodevil se convierte entonces en un pastiche de Ubu roi, porque recortar el gasto para reducir la deuda en un periodo de débil crecimiento es garantía de debilitar aún más el crecimiento y, por tanto, de hacer la deuda aún más difícil de pagar. La lección ha quedado claramente demostrada en la última década por la crisis de la eurozona.
Bruno Le Maire y los líderes actuales estaban vivos y coleando entonces. Deberían haber aprendido este simple hecho. Pero ahora tienen una historia diferente que contar, precisamente la misma que en 2010-2014, cuando la creencia en la «austeridad expansiva» proclamada por Jean-Claude Trichet sumió a la eurozona en una de las recesiones más largas de su historia.
La reducción de la deuda impulsada por el pánico contribuyó a un aumento duradero de la carga de la deuda. Y la prisa por reducir la deuda pública en la eurozona, ¿ha mejorado su capacidad para invertir en el futuro y construir una economía más fuerte y sostenible, como se predijo? De hecho, ha ocurrido lo contrario.
El Tribunal de Cuentas, escenificando el drama de la deuda
Sin embargo, esta es la misma narrativa que se viene desarrollando en la escena pública desde hace tres meses. A este respecto, no se puede subestimar el papel del Tribunal de Cuentas en la construcción de este relato.
Desde hace varios años, la institución de la rue Cambon es la guardiana del templo de la ortodoxia financiera. Dada su independencia teórica, es un punto de apoyo extremadamente práctico para construir la narrativa del pánico de la deuda. Desempeña un papel extremadamente afinado en la justificación de la idea de una deuda insostenible.
Al igual que su predecesor Didier Migaud, primer presidente de esta institución, Pierre Moscovici, desastroso gestor durante su etapa en Bercy de 2012 a 2014 (que dirigió una política de «austeridad expansiva» durante su mandato, aumentando la deuda pública del 80% al 95% del PIB), también moviliza las figuras clásicas del miedo y la vergüenza para justificar una política de reducción rápida de la deuda.
Recurre a la comparación, eterna palanca de las políticas neoliberales. En una entrevista concedida a La Dépêche el 13 de marzo, el primer Presidente del Tribunal de Cuentas criticaba «nuestro gasto público, que es el peor de la zona euro». A continuación, retomó el argumento de un futuro arruinado. El 12 de marzo, en la presentación del informe del Tribunal sobre la adaptación al cambio climático, afirmó que el «preocupante» estado de nuestras finanzas públicas dificultaría la movilización de recursos para hacer frente a la crisis ecológica.
En resumen, todo vale para justificar la futura austeridad, incluso lo injustificable. Es difícil entender cómo pudimos encontrar el 20% del PIB para hacer frente a Covid cuando la deuda pública era del 100% del PIB, pero por qué no pudimos encontrar el dinero necesario para adaptarnos al cambio climático con una deuda del 110% del PIB…
Temor y temblor
Una vez establecido este marco narrativo, los medios de comunicación se pusieron manos a la obra, publicando numerosas noticias sobre la deuda, afirmando, con sondeos que las avalaban (como el publicado por La Tribune Dimanche hace diez días), que «Francia tiene miedo» del nivel de su deuda, y multiplicando los titulares y textos alarmistas, desde la «cura de desintoxicación para nuestro Estado adicto a la deuda» de Le Point hasta el «Francia al borde del abismo» de François Lenglet en TF1.
El anuncio, el 26 de marzo, de que el déficit público aumentaría al 5,5% en 2023, frente al 4,8% en 2022, supuso una gran conmoción. La palabra «desviación» se convirtió rápidamente en el titular de las cadenas de televisión y los sitios web de noticias. «¿Qué va a hacer el Gobierno?», se preguntaba BFM, a pesar de que la ratio deuda/PIB había bajado dos puntos el año pasado y no había tensiones en los mercados financieros.
Sea como fuere, hay que actuar, y rápido. Evidentemente, Bruno Le Maire en RTL y Pierre Moscovici en France Inter refuerzan esta idea de urgencia, repitiendo los argumentos ya mencionados y añadiendo uno último: el de la moralidad. La razón por la que la deuda francesa está «fuera de control» es que los franceses son indolentes, incapaces del rigor necesario.
«Tenemos una cultura nacional que hace que, después de las crisis, no sepamos reducir con suficiente rapidez nuestra dependencia del gasto», explica Pierre Moscovici en La Dépêche. Además, los franceses se niegan a ver la «verdad» a la cara, y el primer presidente del Tribunal de Cuentas reclama un «discurso de la verdad». Y para colmo, Bruno Le Maire ha declarado que los franceses deben comprender que «ya no puede haber barra libre» en el reembolso de los gastos médicos.
Detrás de estas lecciones de moral, se trata por supuesto de preparar a los ciudadanos para la austeridad «difícil pero necesaria» que tendrá que golpear a los señalados como «aprovechados» del gasto público. Para Benjamín Lemoine, «todo se ve en términos de gasto público, y olvidamos automáticamente lo que ha producido este déficit: la retórica anti-impuestos y la forma en que el Estado actúa como un Estado de bienestar para el capital». Un estudio del Institut de recherches économiques et sociales (Ires) ha calculado que las diversas formas de ayuda al sector privado ascienden a casi 200.000 millones de euros al año.
Para desviar la atención de esta responsabilidad, el problema se centra en el gasto social y los servicios públicos. Se dice que son los responsables de la creciente deuda, y la narrativa de la deuda se utiliza para justificar futuros recortes en los servicios públicos y las transferencias sociales. Estos recortes ya han comenzado con el recorte de emergencia de 10.000 millones de euros en febrero y las múltiples reformas del seguro de desempleo. Pero aún hay más por venir.
