Puntos Fiscales
José Luis León Robles
En México, la política parece haberse convertido, para algunos, en una de las actividades más rentables del país. Basta observar cómo determinados personajes ingresan a la administración pública con un discurso de humildad, compromiso social y cercanía con el pueblo, para que, con el paso del tiempo, comiencen a surgir cuestionamientos sobre su patrimonio, sus propiedades, sus relaciones empresariales y el estilo de vida que llevan. Y entonces surge una pregunta que incomoda a más de uno: ¿cómo es posible que algunos servidores públicos, después de ocupar determinados cargos, aparenten disfrutar de una prosperidad económica que no siempre resulta fácil de explicar a partir de sus ingresos legítimos conocidos? No se trata de criminalizar la riqueza ni de afirmar que todo funcionario que posee bienes o disfruta de una buena posición económica haya cometido alguna irregularidad. Se trata de algo mucho más elemental: exigir congruencia, transparencia y rendición de cuentas a quienes administran recursos públicos y ejercen funciones de autoridad. Porque una cosa es tener éxito económico y otra muy distinta es utilizar el poder público para obtener beneficios privados. Durante años, los mexicanos han escuchado promesas de gobiernos que aseguran combatir los privilegios, terminar con la corrupción y administrar los recursos públicos con responsabilidad. Sin embargo, la desconfianza ciudadana persiste cuando aparecen señalamientos sobre propiedades, viajes, vehículos de lujo, contratos públicos, empresas relacionadas con funcionarios o familiares que parecen beneficiarse de la cercanía con el poder. El problema no radica exclusivamente en cuánto dinero tiene un político. El verdadero problema comienza cuando no existe una explicación razonable, documentada y verificable sobre el origen de su patrimonio. Y aquí es donde la declaración patrimonial deja de ser un simple trámite administrativo para convertirse en un instrumento fundamental de transparencia. Los ciudadanos tienen derecho a conocer si el crecimiento patrimonial de sus gobernantes guarda correspondencia con sus ingresos legítimos, si existen conflictos de interés, si participan en decisiones que benefician a empresas relacionadas con ellos y si los recursos públicos se administran conforme a la ley. No basta con publicar una declaración patrimonial si la información es incompleta, si no permite identificar posibles conflictos de interés o si las autoridades competentes no investigan las inconsistencias que pudieran existir. La transparencia no debe ser un ejercicio de simulación. Uno de los discursos más recurrentes de la política mexicana ha sido el de la austeridad republicana. Se ha presentado como una forma de terminar con los excesos gubernamentales, reducir privilegios y garantizar que el dinero público se utilice en beneficio de la sociedad. Pero la austeridad no puede convertirse en una consigna que solamente se aplica a determinadas instituciones, mientras otros personajes del poder disfrutan de beneficios que contradicen el mensaje que públicamente defienden. ¿De qué sirve pedirle sacrificios económicos a la población si quienes tienen la responsabilidad de administrar el país no son capaces de explicar sus propios privilegios? Al ciudadano se le exige pagar impuestos, cumplir obligaciones fiscales, presentar declaraciones y justificar operaciones económicas. A los empresarios se les somete a revisiones, auditorías y procedimientos de fiscalización. A los pequeños comerciantes se les exige cumplir con cada disposición administrativa. Entonces, ¿por qué no exigir a quienes gobiernan el mismo compromiso con la transparencia? La rendición de cuentas no debería depender del partido político al que pertenezca un funcionario, de su cercanía con el presidente, gobernador o alcalde, ni de su influencia dentro de las estructuras gubernamentales. En México, los cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés suelen aparecer cuando empresas vinculadas con personas cercanas a determinados servidores públicos obtienen contratos gubernamentales, participan en licitaciones o establecen relaciones comerciales con instituciones que dependen de los mismos círculos de poder. El servicio público no puede convertirse en una extensión de los negocios familiares, ni las instituciones gubernamentales pueden funcionar como mecanismos para favorecer a determinados grupos económicos. Agradezco como cada semana su interés en esta su columna, si el creador nos lo permite, nos estaremos leyendo la siguiente semana.
