El poder debe ser cercano a la gente, no desde un escritorio
La falta de oficio político tiene sus consecuencias. No se va por el mundo con los ojos cerrados, y en el caso de Chiapas hay que poner voluntad y conocimientos para enfrentar y resolver los hechos que puedan agraviar a una comunidad, como el que están viviendo algunos municipios.
Liderar responsabilidades tiene su chiste, y en esto de la política, ésta debe utilizarse como el arma benefactora para llevar desarrollo y paz social, de lo contrario, la función de un representante popular será infructuosa, y lo peor, con secuelas que fomentan el retroceso, si bien nos va.
Decía el expresidente de México que él requería de personalidades que tuvieran el 90 por ciento de honestidad y el 10 por ciento restante de experiencia, hecho que provocó que a su administración llegara gente de todos los perfiles, bien “honestos”, pero que les faltó el conocimiento para sacar adelante su ambicioso proyecto de desarrollo para los más pobres.
Emulando este concepto, pareciera que lo que pasa en dos municipios indígenas de los Altos de Chiapas se debió justamente a esa falta de tacto político, a la escasez de iniciativa para enfrentar los problemas. Desde un escritorio no se pueden resolver los graves problemas sociales que la entidad padece.
El ejemplo más claro lo han denunciado y hecho público nada menos que once capillas o iglesias de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, que responsabilizaron a la expresidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas, en la pasada LXVIII Legislatura, Sonia Catalina Álvarez, “por la ingobernabilidad y violencia que se ha recrudecido en las comunidades de Chenalhó y Pantelhó.
Pareciera que esta declaración fuera insignificante, pero la realidad es que tiene mucho peso por la sencilla razón de que la exdiputada tenía una responsabilidad crucial en su función en la “Casa del Pueblo”.
En un comunicado, las parroquias de la región tzotzil la acusan de haber violentado políticamente el proceso de elección para la renovación del concejo municipal, por lo que abonaron al ambiente de ingobernabilidad.
Si bien el tema es complejo y tampoco es de ahora, lo que se cuestiona de nuestros flamantes diputados es que tienen la idea de que su única función es legislar y en ese sentido, se equivocan porque no hacen eco a esta tarea, pues si nos vamos a la productividad de cada diputado y diputada, como cuerpo legislativo nos quedan debiendo, no sólo en este periodo, sino en toda la existencia del Congreso.
Y no lo decimos porque por arte de magia se va a resolver un problema, sino por la falta de voluntad política de los representantes populares para acercarse al lugar del conflicto. A menos que nos equivoquemos, pero los integrantes del Congreso, en la pasada Legislatura, no acudieron a sus distritos a escuchar a la gente como lo hicieron cuando andaban buscando el voto, refiriéndonos en este caso, a los de mayoría relativa, pues es menos probable que lo haga uno que sea elegido mediante el dedazo, como lo son los plurinominales.
El humanismo que hoy se tiene como bandera política en esta administración pública, también debió haber sido el punto de partida de pasadas legislaturas, porque desde este frente, independientemente de la que realice la Secretaría de Gobierno en mediación política, la presencia de los diputados tiene que entenderse como fundamental.
Encerrarse en cuatro paredes y esperar cómodamente, con cafecito en mano, a las comisiones de personas que representan a un municipio, agrupación, comunidad, organización o lo que sea, no resolverá nunca el problema. Podremos hablar de que se le da una pausa, pero los conflictos que registra la zona ahí prevalecerán en tanto no haya esa disposición de resolver por la vía del diálogo y atendiendo de frente con las partes.
El miedo que se pueda tener porque en las comunidades la gente se puede revelar, solo seguirá prolongando la problemática. Hay que tener confianza y gobernar para todos.
El tema central por la que acusan a la exdiputada es que ignoró la propuesta presentada por la mayoría de las comunidades del municipio, y las consecuencias que esto suponía de no atenderse tiene hoy su fatalidad: inconformidad y violencia.
Sin embargo, tampoco habría que sindicarle toda la responsabilidad, pues el gobierno en su totalidad tuvo que atender la petición de desarme de los grupos, la atención a los desplazados y la seguridad de la región.
Suena muy duro el cuestionamiento que hacen las iglesias cuando engloban que la autoridad “se empeña en convencerlos de que gobernar es sinónimo de administrar conflictos”. Lo que es una realidad es que los grupos que se dicen llamar defensores o autodefensas, salieron más listos y vieron que el negocio del poder los subleva, lamentablemente, por el camino equivocado. Por tanto, algo hay que hacer y pronto, para que la paz regrese a esta zona indígena de los Altos de Chiapas.
