Busca ASE rendición de cuentas en los ayuntamientos
Durante años, los ayuntamientos en Chiapas han hecho lo que han querido en materia de rendición de cuentas. La ley los obliga a poner a disposición clara y transparente sobre la gestión y cómo utilizan el dinero del pueblo para las obras sociales, y aun así, muchos de los alcaldes y alcaldesas de Chiapas, hacen como que no escuchan ni tienen conocimiento, se revelan.
Se confabulan con las autoridades, a quienes les dan una piscacha de los miles de millones de pesos que manejan, con tal de que en las “observaciones” que no es lo mismo que desfalcos o actos de corrupción, no sean objeto de recriminación o llamados a cuentas ante la autoridad judicial.
Este común denominador se presenta en todos los municipios, incluso en los llamados tradicionales, los que se manejan por usos y costumbres o indígenas. Sin embargo, la atención se fija siempre en las grandes urbes como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, por citar a los más grandes en el manejo de los recursos por el número de población que se encuentra acentuada en dichas demarcaciones.
En la capital chiapaneca, por ejemplo, desde Juan Sabines Guerrero hasta Carlos Morales Vázquez, el manejo de los recursos ha sido una calamidad; el robo de los recursos a través de transacciones amañadas ha sido la constante y no ha habido autoridad que haya puesto un alto a las infracciones, menos que se les castigue. Al contrario, se les premia con nuevos puestos dentro de la administración pública.
En teoría, el partido en el poder o el sistema político vigente, como usted le quiera llamar, en lugar de pedir se les investigue para no ensuciar la imagen institucional, los protegen. Esto pasa en todos los niveles.
Hoy mismo ya lo hemos reseñado con gobernadores en funciones, a quienes, en casos más graves, se les acusa de tener nexos con el crimen organizado. Un panorama en el que el gobierno continúa siendo el principal acusado de ejercer la protección indebida hacia quienes están señalados con el dedo por la propia población gobernada.
Para el caso que nos ocupa, la transparencia y la rendición de cuentas en los ayuntamientos son fundamentales para prevenir actos de corrupción, para incluir a la sociedad en los proyectos municipales, para tener un mejor desarrollo público en cuanto a obras y servicios, y en este sentido, en la nueva administración estatal se ha puesto un mayor énfasis en que los presidentes y presidentas municipales, cumplan con sus funciones apegados a la ley.
La llegada de José Antonio Aguilar Meza es a todas luces, muy diferente al triste papel que hizo su antecesor José Uriel Estrada Martínez, el diputado “indígena” que buscó por todas las formas blindarse para no caer en las garras de la justicia ante el cúmulo de denuncias en las que ha sido inmiscuido cuando como auditor del estado, cubrió a decenas de alcaldes de las “observaciones” millonarias que no cuadraban en sus cuentas públicas.
Se dirá que ya “chole” con esta narrativa, pero lo que fundamenta esta posición es la serie de querellas que hay en su contra y la pasividad con la que actúa la Fiscalía y el Congreso para aterrizar la investigación de las querellas que profirió, por ejemplo, el ex alcalde de Huixtla, José Luis Laparra Calderón, quien denunció que Uriel Estrada y el entonces titular del Consejo de Seguridad pública, Sergio Aguilar, lo extorsionaban.
Ante este negro panorama que se heredó, Aguilar Meza tiene en mente trabajar con los ayuntamientos para dejar de lado la ambición de adjudicarse dineros que no son de los alcaldes. La rendición de cuentas ubica a Chiapas en el penúltimo lugar nacional, es decir, que de las 32 entidades que existen en la geografía mexicana somos la número 31 en corrupción.
Una tarea que parece imposible de cumplir, pero cuando hay voluntad, todo se puede. La meta fijada de Cero Corrupción debe ser el aliciente para llegar del otro lado de la meta, sin olvidarse que quienes transaron en el pasado deben recibir el castigo que se merecen y sobre todo, que regresen el dinero sustraído u obtenido a base de chantajes y extorsiones.
