En la cuerda floja, alcalde de Copainalá; evidencian corrupción
Copainalá no merece que tenga tan mala suerte de tener alcaldes que les vale un comino el desarrollo del municipio en todos sus sentidos y menos que sus representantes populares sean unos tipos de cuidado, borrachos de poder que creen que por ser presidentes municipales tienen el “derecho” de insultar y pisotear a la ciudadanía.
Apenas el jueves pasado, en estas mismas líneas editoriales, se dio a conocer la forma déspota, intransigente y autoritaria con la que se conduce el alcalde Carlos Cruz Cruz, del partido Morena, quien se ve en un video que se viralizó en las redes sociales, cómo maltrata a un locatario del mercado de la cabecera municipal.
Cinco días después, las investigaciones reporteriles del personal de Diario Media Group dan cuenta que este personaje es una fichita de mucho cuidado que necesariamente tiene “mucha cola que le pisen” por supuestos actos de corrupción, negligencia y por extorsión, que ya están en manos de la Auditoría Superior del Estado, de la autoridad civil, y que, en la desesperación de los afectados, han solicitado la intervención del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.
Apenas el día de ayer se recalcaba que, en la sesión del Consejo Político de Morena, celebrado el domingo en la capital tuxtleca, se había dicho que era necesario que no se repitieran los actos de presunta corrupción y despilfarro de dinero por parte de sus militantes que se han ventilado a nivel nacional, violando los preceptos establecidos para vivir en la justa medianía, es decir, no violentar la ley “moral” dictada desde el partido para no trasgredir los preceptos de la austeridad republicana.
Pero no, al contrario, se ha descubierto que el alcalde Carlos Cruz Cruz le ha dado por negarse a pagar a los constructores que realizaron obras desde el trienio pasado, cuyo recurso ya le fue etiquetado al Ayuntamiento de Copainalá.
Lo delicado del asunto es que el edil no sólo se ha negado a cumplir con su función de liquidar obras que fueron contratadas vía licitación y bajo la normatividad vigente, sino que hay documentos que se hicieron llegar hasta la oficina del gobernador Eduardo Ramírez y del Auditor Superior del Estado (ASE), José Antonio Aguilar Meza, donde constructores exponen que desde septiembre fue depositado por Hacienda el dinero de las obras realizadas, pero ahora el bonachón del alcalde se saca de la manga que habría que entregarle el respectivo diezmo del 15 por ciento.
Algunos accedieron al chantaje, pero otros, al estar limitados en recursos y no poder entregar el efectivo, no pudieron cobrar, según consta en el oficio que fue entregado con fecha 10 de abril de este año a la ASE.
Las denuncias también se hicieron llegar hasta la oficina de Ana Laura Romero Basurto, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno y un juzgado civil donde se detallan los adeudos de tres obras que realizó el consorcio Quetzalzin Proyectos y Construcciones, que reclama el pago de casi dos millones de pesos en las tres obras realizadas.
La corrupción la comprueban los afectados porque el alcalde anda en las calles de Copainalá manejando un Mercedes GLE Coupé valuado en unos 973 mil pesos, es decir, cocinando intrigas, este monto es el total que se le debe a la empresa que edificó las obras “Equipamiento de Espacio Multideportivo” con un valor de 867 mil 447 pesos, entregada en septiembre del año pasado.
La pavimentación de calles en la localidad Ángel Albino Corzo (Guadalupe) con un monto de 424 mil 351 pesos con 65 centavos, y la rehabilitación del albergue en la comunidad Benito Juárez, con un valor de 474 mil 793 pesos con 10 centavos, son las otras dos obras que se niega a pagar el edil, aparte de que había exigido el respectivo diezmo.
Los titulares de la ASE y la Secretaría Anticorrupción deben salir a dar la cara, investigar los “acuerdos” que hayan hecho los subalternos con el alcalde, porque los señalamientos de los constructores los involucra como enterados del tema, y al no meter mano dura contra el presidente municipal con sus respectivas denuncias ante la Fiscalía General del Estado, estarían siendo señalados de complicidad u omisión.
Además, de comprobarse estas denuncias de corrupción y extorsión, lo primero que debería hacer el Congreso del estado y el propio partido Morena, es iniciar una investigación de oficio que lleve a la destitución del edil y pague por su irresponsabilidad y mal ejemplo de cómo debe gobernar un “aliado” de la Cuarta Transformación.
