Editorial
La actual legislatura local acaba de presentar una iniciativa de ley que contempla la muerte asistida en México; esta propuesta, planteada por el propio presidente del Congreso, Luis Avendaño, representa un avance significativo en los derechos humanos y en una muerta más digna para los desahuciados.
Eso sí, no está libre o exenta de polémica, siendo el tratamiento de estas situaciones o que la familia de los enfermos terminales se aferre a prolongarle la vida, es un tema delicado, ya sea por una situación religiosa, situación moral o ética.
Por ello las denominaciones eugenesia y eutanasia, las cuales legalmente no son permisibles en Chiapas, y han sido tema de debate clínico por muchos años; por ello, su propuesta de ley, podría quitar esas restricciones, al menos clínica, para que quienes sufren condiciones terminales, puedan morir dignamente y sin mayor dolor.
Desde 2008, al menos en la Ciudad de México la “muerte asistida” ya es legal, aunque con ciertas restricciones. Pero el dilema es la forma en que se trata la eutanasia, ya sea porque el paciente en cuestión dejó los tratamientos y la misma naturaleza de la enfermedad lo lleva a la muerte, pero en el caso donde el médico o personal médico le suministran alguna receta o antídoto para poder asistir su muerte, no es permisible.
El debate sobre la vida, un dilema filosófico, moral, ético y religioso, con muchas aristas, no ha permitido que este tipo de leyes avancen, limitando sus implicaciones personales, morales y éticas, para quien padece el dolor.
¿Acaso retrasar estas leyes que implican un desafío bajo todas las complejidades humanas, sea un último bastión de poder de grupos religiosos? Desde luego, al igual que la negativa del aborto por parte de grupos de extrema derecha y “provida”, representan desde el punto de vista utilitaria y político, un arraigo y apropiación de los cuerpos, ya que, al permitir estas disertaciones, la religión ya no tendría ese papel preponderante como lo tuvo tiempo atrás en la sociedad.
Claro, recordemos a los evangélicos y a los Testigos de Jehová, que, en sus arcaicas leyes y mandatos, ponen en peligro la salud clínica de sus fieles, incluso cuando es una situación de vida o muerte. Por ello, en las cuestiones clínicas y médicas, es necesario desterrar esos credos, que lejos de promover la vida, son impedimentos para poder ser buenos profesionales de la salud.
Ahora bien, esta ley no es proclive a generar muertes, sino a dignificarla, ya que los familiares al aferrarse a las últimas esperanzas para salvar a su ser querido, incluso ignorando diagnósticos clínicos terminales, no dimensionan el dolor del paciente, el cual muchas veces la agonía de vivir conectado a aparatos que limitan su vida, prefiere retirarse de este plano sin el mayor dolor posible.
Desde el punto de vista de la resilencia y los derechos humanos, a pesar de las buenas intenciones de los familiares de prolongarles la vida, al hacerlo están generando una tortura interminable, muchas veces dejando de lado la voluntad del enfermo o paciente.
Respecto al debate que se puede generar en el Congreso del Estado, esperemos que los diputados no antepongan sus creencias religiosas, como bien planteó esta legislatura, la cual busca ser más inclusiva y progresista, prueba de ello es la iniciativa comentada, que se espera avance y credos absurdos no impidan su legislación. Los foros y diálogos pueden ser interminables, pero debe dialogarse desde un punto de vista científico, ético y humanista, y no bajo preceptos religiosos que nada abonan al bienestar.
