Puntos Fiscales
José Luis León Robles
Es un verdadero gusto dirigirme a ustedes una vez más a través de este espacio de reflexión compartida, donde analizamos los temas que marcan el pulso del país. Hoy nos enfrentamos a un caso que sacude los cimientos de una de las instituciones más respetadas de México: la Secretaría de Marina. Un capitán de navío, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, fue hallado sin vida en su oficina en Altamira, Tamaulipas. Hasta hace poco, era responsable de la Unidad de Protección Portuaria en ese mismo puerto. Su muerte ocurrió poco después de que se le implicara en una red de contrabando de combustible, conocida como huachicol fiscal, que operaba desde la aduana de Tampico. Según fuentes federales, Pérez Ramírez se habría quitado la vida tras revelarse que presuntamente recibía sobornos de hasta 100 mil pesos por buque involucrado en esta red ilegal. Su caso es apenas una pieza de un entramado de corrupción que involucra a empresarios, exfuncionarios y, lo más alarmante, altos mandos navales. La investigación coordinada por la FGR, la Semar y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha derivado en la detención de 14 personas, entre ellos marinos activos, retirados y exfuncionarios de aduanas. El decomiso de 10 millones de litros de diésel en un buque en marzo pasado fue clave para desencadenar esta operación. El testimonio más revelador ha sido el de un capitán convertido en testigo protegido, identificado como Santo, quien confesó haber recibido parte de los sobornos y describió la estructura de la red criminal. Según su declaración, la red falsificaba manifiestos de aditivos y cobraba cuotas millonarias por permitir la entrada de combustible ilegal al país. Durante una conferencia, el fiscal general Alejandro Gertz Manero y el secretario Omar García Harfuch afirmaron que esta investigación es fruto de más de dos años de diligencias y análisis financiero. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el caso llegará hasta donde tope (¿será?), y que no habrá impunidad para nadie, aunque lo dijo con una ambigüedad que deja espacio para la duda. Pero el caso va mucho más allá del contrabando. Según fuentes cercanas a la investigación, la red de corrupción también tocó el área de contrataciones dentro de la Semar. Un caso especialmente llamativo es el de José Antuhan García Ramírez, un estudiante de 22 años cuya empresa, Below The Line Prodigy, S.A. de C.V., recibió contratos por 152 millones de pesos apenas cinco meses después de su creación. García Ramírez era solo un prestanombres. El verdadero operador era su padre, José Abraham García Yáñez, personal activo de la Marina, quien utilizó a su familia para encubrir su participación: su hermana Karina Yáñez Rodríguez y su excuñado Efraín Ramírez Almendariz también aparecen como socios en los contratos. Estas contrataciones habrían contado con la aprobación de los hermanos Farías Laguna, conocidos como Los Sobrinos, quienes presuntamente manejaban con impunidad diversos contratos dentro de la institución. De hecho, Below The Line Prodigy tiene una empresa hermana, LP Beneficios Corporativos México S.A. de C.V., creada el mismo día y también beneficiada por contratos públicos. Ambas empresas fueron contratadas para distribuir despensas, alimentos y agua embotellada a pobladores afectados por el huracán John en octubre de 2024. Lo más preocupante es la normalización de estas prácticas dentro de una institución que, en teoría, representa la disciplina, el honor y la protección nacional. El caso del huachicol fiscal revela no solo la magnitud de la corrupción interna, sino también la facilidad con la que se manipulan los mecanismos de contratación pública para beneficio de unos pocos. Sin duda alguna muchos hilos se romperán y nos estaremos enterando de otros personajes ligados a este escándalo, si el creador nos lo permite nos estaremos leyendo en esta su columna.
