EDITORIAL
El Congreso del Estado de Chiapas tiene una responsabilidad ineludible: garantizar que no se cometa ninguna violación a los derechos humanos y, sobre todo, que no se coarte la libertad de expresión en ninguna de sus formas. Este principio básico, inscrito en la Constitución y en los tratados internacionales que México ha suscrito, debe ser una prioridad permanente. No es negociable. No debe ser materia de discursos vacíos ni de simulaciones institucionales.
En este contexto, la propuesta de la diputada Marcela Castillo, quien planteó la instalación del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), representa un paso en la dirección correcta. El problema es que parece un paso tibio frente a un tema que exige acciones contundentes. Si ya hay denuncias públicas de presuntas irregularidades en el actuar del titular de la Comisión, Horacio Culebro Borrayas, ¿por qué no exigir su comparecencia ante el Congreso? ¿Por qué no iniciar, desde el propio Poder Legislativo, una investigación seria sobre su actuación?
Después de todo, fue el propio Congreso quien lo eligió como ombudsman. No se trata de cacerías de brujas, ni de persecuciones políticas, sino de rendir cuentas. Si la periodista Mary José Díaz tuvo el valor de denunciar públicamente actos de corrupción dentro de la CEDH, y fue respaldada por un amplio sector del gremio periodístico, lo mínimo que puede hacer el Legislativo es mostrar que está escuchando, que está atento, que investiga. Porque si no es ahora, ¿cuándo?
La sesión de la Comisión Permanente del pasado miércoles dejó claro que, al menos para algunos diputados, el tema importa. La legisladora de Tuxtla Gutiérrez habló con claridad sobre la necesidad de salvaguardar la libertad de expresión, de proteger el derecho de las y los chiapanecos a estar informados. Y apeló al lema del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien se ha comprometido con un gobierno de sentido humanista. Pero el humanismo no se construye con discursos, sino con hechos.
Y los hechos exigen respuestas. La CEDH no tiene Consejo Consultivo, aunque su reglamento sí lo contempla. ¿Qué clase de institución de derechos humanos funciona sin contrapesos, sin vigilancia ciudadana, sin observación crítica? Ya bastante tenemos con el ejemplo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde la presidenta Rosario Piedra Ibarra ha dejado claro que su lealtad es más política que institucional. ¿Queremos repetir ese modelo en Chiapas?
No se puede permitir que la CEDH se convierta en un trampolín político o en un refugio de impunidad. Su titular, Horacio Culebro Borrayas, enfrenta señalamientos graves. Y aunque su caso es muy distinto al del tristemente célebre Juan José Zepeda Bermúdez, quien fue ombudsman durante casi dos periodos y pasó sin pena ni gloria, la preocupación de la sociedad es la misma: que la Comisión sirva para proteger a los ciudadanos, no para blindar intereses personales.
El comportamiento reciente de Zepeda es revelador. Pasearse como pavorreal en eventos oficiales, buscando ser visto, es muestra de cómo algunos exfuncionarios entienden el poder: como espectáculo, no como servicio. Poco le importó caminar como pavorreal por el hotel donde recientemente la Cámara de Diputados analizó la agenda Legislativa que prevalecerá en este periodo del Congreso de la Unión. En lugar de ingresar por la puerta principal, para ir a disfrutar de los sagrados alimentos, prefirió atravesar el recinto donde se llevaría a cabo el evento, con tal de que alguien lo viera y le saludara. Bueno, ni los periodistas se acercaron a él, menos los picudos que ese día hacían acto de presencia al acto al que también asistió el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar
Mientras tanto, los verdaderos problemas de derechos humanos en Chiapas siguen ahí: violencia de género, represión política, amenazas a periodistas, discriminación. ¿Dónde está la voz del Congreso frente a todo esto? Una golondrina no hace verano, y por más que la diputada Castillo levante la mano y busque que se actúe, se necesita un posicionamiento unánime. No se trata de colores partidistas, sino de principios.
El Congreso debe tomar postura y asumir el liderazgo que le corresponde: abrir la discusión pública, investigar a fondo, y si es necesario, exigir la renuncia o destitución de quienes no estén cumpliendo con su deber.
La libertad de expresión no es una concesión del poder. Es un derecho. Y cuando una periodista denuncia corrupción, lo que se espera no es el silencio cómplice ni la indiferencia institucional, sino una reacción proporcional al agravio. ¿Acaso es demasiado pedir?
Mientras tanto, el gremio periodístico —hoy más unido que nunca— observa con atención. No basta con discursos bien intencionados. Queremos acciones concretas, una agenda legislativa que priorice el respeto a los derechos humanos y que coloque a las instituciones al servicio del pueblo, no de los intereses particulares.
Instalar el Consejo Consultivo es un buen inicio, pero no es suficiente. La comparecencia del ombudsman chiapaneco es necesaria, urgente y justificada. Dejarlo pasar sería enviar el mensaje equivocado: que en Chiapas se pueden violar derechos humanos sin consecuencias, que se puede coartar la libertad de expresión sin castigo, que se puede denunciar sin ser escuchado, y eso no cabe en un gobierno que lucha por priorizar el humanismo en todos sus aspectos, en todos sus rubros.
