Lluvias ponen a prueba la respuesta inmediata del gobierno de Chiapas
Las lluvias, inevitables y a menudo devastadoras en un estado como Chiapas, han vuelto a poner a prueba no solo la resistencia de la infraestructura y la fortaleza de las comunidades, sino también la capacidad de reacción inmediata del gobierno. Lo sucedido en Mapastepec, con el colapso de un puente que incomunicó a buena parte de los municipios del Soconusco, no solo dejó en evidencia la fragilidad de ciertas estructuras, sino también la urgencia con la que se debe actuar cuando la naturaleza impone sus reglas.
En medio de la desgracia, un aspecto positivo ha sido la pronta y eficaz respuesta del gobierno encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar. La atención inmediata, la instalación del Consejo Estatal de Protección Civil en sesión extraordinaria y la comunicación directa con las y los presidentes municipales de las zonas afectadas son señales de un liderazgo presente, de un gobierno que entiende que en la prevención y la coordinación institucional se juega la diferencia entre una tragedia mayor y una crisis controlada.
Cierto es que lo doloroso será la recuperación. Perder bienes materiales, ver dañadas viviendas, caminos, cosechas e infraestructura no se resuelve de la noche a la mañana. La paz interna de cientos de familias está marcada hoy por la incertidumbre de cómo se reconstruirá lo perdido. Sin embargo, el hecho de que hasta ahora no se registren pérdidas humanas es un dato que no puede pasarse por alto: la vida de la población, en medio de la fuerza de la Onda Tropical número 33, se mantuvo a salvo gracias a una combinación de prevención, monitoreo y reacción institucional.
Las cifras hablan por sí solas: 32 municipios y cinco regiones impactadas. Una extensión amplia, diversa, con retos distintos en cada rincón. De la costa al altiplano, la lluvia no distingue entre comunidades grandes o pequeñas, entre vías primarias o caminos rurales; la emergencia golpea con la misma fuerza. De ahí la importancia del llamado que hizo el gobernador a no bajar la guardia, a mantener el monitoreo permanente y a reforzar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
Es justo reconocer que la tarea de prevención impulsada en los últimos años ha sido clave para evitar tragedias mayores. La cultura de la protección civil, aún en proceso de consolidación, ha salvado vidas. Los simulacros, las brigadas comunitarias, las alertas tempranas y el trabajo de los comités municipales han mostrado su utilidad en momentos críticos. La ciudadanía sabe hoy, más que en décadas pasadas, qué hacer cuando los ríos crecen, cuando las laderas ceden o cuando las lluvias se convierten en tormentas. Esa conciencia social, sumada a la acción gubernamental, explica por qué, pese a los daños materiales, Chiapas no lamenta en esta ocasión una tragedia humana.
También es necesario reflexionar sobre las causas de fondo. Las lluvias, los ciclones y las ondas tropicales no son fenómenos nuevos; forman parte del ciclo natural de una región que, por su ubicación geográfica, está expuesta cada año a este tipo de embates. Lo que sí es nuevo —y preocupante— es la intensidad creciente de los fenómenos y la vulnerabilidad acumulada por años de malas prácticas en el manejo del medio ambiente.
El cambio climático, resultado de décadas de deforestación, uso indiscriminado del suelo, urbanización desordenada y contaminación, está detrás de estos desastres. No es casualidad que hoy tengamos lluvias más intensas, deslaves más frecuentes y tormentas más impredecibles. La naturaleza responde a los abusos de la humanidad, y Chiapas, con su enorme riqueza natural, paga las consecuencias de esa irresponsabilidad.
Por ello, la emergencia de este año debe servir no solo para evaluar la capacidad de reacción del gobierno, sino también para replantear de manera seria la relación que tenemos con el entorno. No basta con reconstruir los puentes colapsados o rehabilitar las viviendas dañadas; es necesario pensar en infraestructura resiliente, en proyectos sustentables, en comunidades mejor preparadas y, sobre todo, en detener las prácticas que destruyen la selva, contaminan los ríos y debilitan la tierra.
El llamado es doble: a las autoridades, para que no bajen la guardia, mantengan los planes de prevención y fortalezcan la infraestructura con visión a largo plazo; y a la sociedad, para que entienda que cuidar el medio ambiente es también proteger la vida, el patrimonio y el futuro de las próximas generaciones. Cada árbol talado de manera ilegal, cada quema incontrolada, cada río contaminado son semillas de tragedia futura.
