¿Por qué nadie quiere ser policía en Baja California?
El hecho de que ningún joven se acerque a la Policía de Baja California para «pelear» por una vacante es, sin duda, un reflejo de que algo no anda bien.
Recientemente, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de aquel estado reveló que existen 150 vacantes disponibles, pero nadie ha mostrado interés en ocuparlas. Esto, lejos de ser una cifra anecdótica, es la mejor prueba de que la seguridad en Baja California no está siendo atendida como debe ser.
El problema de fondo va más allá de esas 150 plazas. En todo el estado existe un déficit de al menos 2 mil agentes, lo que plantea una pregunta obligada: ¿Qué garantías puede ofrecer un gobierno a sus ciudadanos si ni siquiera la estructura básica de seguridad está completa?
Uno de los factores clave es la ausencia de un verdadero servicio profesional de carrera policial. No hay incentivos, no hay desarrollo profesional, y es evidente que la falta de visión institucional ha afectado profundamente la capacidad de respuesta frente al crimen.
Comparar a Baja California con Chiapas puede parecer desigual —una entidad fronteriza frente a una del sur profundo del país—, pero el contraste se vuelve útil cuando se analizan resultados. Chiapas cuenta con 124 municipios, Baja California con solo 7. Y, sin embargo, en el estado sureño la estrategia de combate a la delincuencia ha mostrado avances concretos.
En Chiapas, en menos de un año, se ha llevado a cabo una limpia efectiva en ayuntamientos que estaban infiltrados por el crimen organizado. Si bien no se puede decir que la delincuencia ha desaparecido, su presencia ha sido mermada, replegada y limitada.
En Baja California, por el contrario, no hay resultados tangibles. A estas alturas, ni siquiera se ha resuelto el asunto del pasaporte retirado a la gobernadora Marina del Pilar por parte de Estados Unidos —un hecho que, aunque ajeno a la seguridad directamente-, retrata la falta de orden y credibilidad institucional en la entidad.
El hecho de que se vincule el retiro del pasaporte a una supuesta falta de seguridad en Baja California o a actos de corrupción, podría reflejar la preocupación de Estados Unidos sobre la situación en la región fronteriza. Los pasaportes diplomáticos suelen otorgarse con base en la cooperación y confianza mutua y a un derecho que le asiste a cualquier ciudadano de bien. Su revocación podría ser, hay que tomarlo en cuenta, una medida de presión para que las autoridades mexicanas aborden temas de seguridad y transparencia de forma más efectiva.
La gobernadora, al perder este documento, puede enfrentar limitaciones para viajar a Estados Unidos en calidad de funcionaria, lo que afecta su capacidad para gestionar proyectos binacionales, como la infraestructura fronteriza o acuerdos comerciales. La percepción pública de este suceso está debilitando su autoridad y la confianza en su administración, especialmente si se percibe como una falta de credibilidad ante un país vecino tan crucial.
Las comparaciones son odiosas, pero también reveladoras. Un estado fronterizo con la potencia más grande del mundo no puede darse el lujo de vivir en un estado de inseguridad permanente.
En el sur, a pesar de sus múltiples desafíos —migración, pobreza, geografía compleja—, se lucha. Y se avanza. Ojalá la federación voltee la mirada hacia Baja California. Su gente merece, al menos, lo básico: seguridad para salir adelante y desarrollarse plenamente.
