Karla García / Diario de Chiapas
En el marco de las actividades para promover la igualdad sustantiva y la participación política de las mujeres en la entidad, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) fue sede de la conferencia Alcances y retos en el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres integrantes de comunidades indígenas, impartida por la doctora Araceli Burguete Cal y Mayor, investigadora y académica reconocida a nivel nacional, y por Patricia Díaz López, socióloga y activista originaria de San Juan Chamula.
Durante el encuentro, ambas especialistas coincidieron en que, a pesar de los avances legales y normativos alcanzados en las últimas décadas, las mujeres indígenas enfrentan aún profundas barreras estructurales, culturales e institucionales que les impiden ejercer plenamente sus derechos políticos y acceder en condiciones de igualdad a los espacios de decisión pública.
En su ponencia, la doctora Burguete presentó el concepto de “matriz de opresiones”, una herramienta teórica desarrollada desde los feminismos interseccionales para analizar cómo diversas formas de discriminación —como el patriarcado comunitario, el racismo institucional y la violencia política— se entretejen y refuerzan mutuamente, y limitan la participación política de las mujeres indígenas.
“En los municipios del altiplano chiapaneco, los mandatos de género, las tramas de parentesco y las estructuras comunitarias siguen asignando a las mujeres roles de obediencia y servicio, mientras reservan el poder político a los hombres. Incluso los partidos utilizan a los pueblos indígenas como escenarios de simulación de paridad, pero reservan los espacios reales de decisión para varones mestizos”, explicó.
Burguete señaló que esta exclusión no solo se reproduce en el ámbito comunitario, sino también en el institucional, donde las prácticas políticas, las leyes y la violencia simbólica continúan operando bajo lógicas patriarcales. “La autonomía indígena no puede ser excusa para perpetuar el patriarcado. El Estado tiene la obligación de garantizar que las mujeres ejerzan sus derechos políticos sin ser desplazadas, criminalizadas o violentadas”, subrayó.
Por su parte, Patricia Díaz López compartió su experiencia personal y el testimonio de muchas mujeres indígenas que enfrentan discriminación, violencia y desprecio social al intentar participar en la vida pública.
“Desde niñas nos enseñan a ser ‘buenas mujeres’: obedientes, sumisas, silenciosas. Romper con ese mandato implica ser vistas como ‘malas mujeres’. Levantar la voz, opinar o cuestionar los usos y costumbres sigue siendo motivo de críticas, burlas e incluso de violencia dentro de nuestras propias comunidades”, relató.
Díaz López destacó que uno de los principales retos es transformar el imaginario colectivo que legitima la exclusión de las mujeres bajo el argumento de la tradición. “Nuestros derechos no pueden estar por debajo de los usos y costumbres. Tenemos que hablar, aunque no se nos permita, porque el silencio perpetúa la desigualdad”, sostuvo.
Agregó que, a pesar de las reformas constitucionales de 2015 y 2019, que establecen la paridad de género en todos los niveles de gobierno y reconocen el derecho de las mujeres indígenas a votar y ser votadas, la realidad en muchas comunidades sigue marcada por prácticas discriminatorias y racistas que obstaculizan el ejercicio de esos derechos.
“La brecha entre el reconocimiento legal y el ejercicio real sigue siendo profunda. La exclusión de las mujeres debilita el tejido comunitario, porque ellas han sostenido históricamente la vida social. Garantizar su participación no es una concesión, es un acto de justicia”; aceveró Burguete.
La conferencia formó parte del programa de actividades del TEECH orientadas a fomentar la cultura democrática, la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos en el ámbito político-electoral, especialmente en contextos indígenas.
