Puntos Fiscales
José Luis León Robles
Mientras el país sigue enfrentando una violencia persistente y las rutas del crimen organizado se sofisticaron en mar y tierra, el gobierno federal ha decidido tomar un nuevo rumbo: reforzar el poder de la Secretaría de Marina (Semar) con una propuesta de Ley Orgánica que la convierte en una fuerza aún más activa, no solo en los mares, sino también en puertos, aeropuertos, aduanas y puntos estratégicos de comercio. Lo que para algunos es un paso hacia una mayor eficacia en la lucha contra el crimen, para otros es un preocupante signo de militarización progresiva del aparato estatal. La propuesta legislativa presentada esta semana contempla facultades ampliadas para la Semar, entre las que destacan: Persecución y abordaje de embarcaciones en altamar sin necesidad de autorización judicial previa, coordinación directa en puertos, aduanas marítimas y aeropuertos, sustituyendo a autoridades civiles. Una reestructuración interna que permite a la Marina una mayor autonomía operativa. Esto se da en el marco de un rediseño institucional que comenzó en sexenios anteriores, pero que bajo la administración actual de Claudia Sheinbaum está alcanzando un nuevo nivel de consolidación. No es casual que la propuesta llegue en este momento. La Marina ha estado recientemente bajo el foco público debido a reportajes y filtraciones que revelan presuntos vínculos de elementos navales con redes de huachicol (robo de combustible). A pesar de que las investigaciones internas han sido opacas, el escándalo ha generado inquietud sobre la integridad de mandos militares encargados de áreas estratégicas como Dos Bocas o el puerto de Manzanillo. Entonces, ¿por qué reforzar a una institución que aún no ha despejado completamente su sombra de corrupción? Desde 2018, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, se intensificó el proceso de entrega de tareas civiles a las Fuerzas Armadas. La Guardia Nacional fue integrada en su mayoría por militares, se delegaron obras de infraestructura como aeropuertos y trenes al Ejército, y se dio control de aduanas a la Marina. El nuevo gobierno, pese a un discurso más institucional, no solo ha continuado este modelo, sino que lo ha formalizado en leyes y estructuras. En este sentido, la propuesta actual no es un acto aislado, sino parte de un patrón que plantea preguntas fundamentales: ¿Qué papel tendrán las instituciones civiles en la seguridad nacional si la tendencia continúa? ¿Quién fiscaliza realmente a las Fuerzas Armadas? ¿Hay contrapesos democráticos suficientes? La concentración de facultades en cuerpos militares sin controles externos efectivos puede erosionar el tejido democrático. La historia latinoamericana es testigo de cómo fuerzas armadas sin supervisión han derivado en abusos, autoritarismos y corrupción sistémica. En México, la falta de transparencia de la Sedena y Semar en temas de seguridad nacional y sus constantes negativas a abrir información bajo el argumento de “seguridad interior” generan un manto de opacidad preocupante. Además, la falta de fiscalización por parte del Congreso o de organismos autónomos que muchas veces carecen de dientes políticos deja un vacío que ninguna ley, por bien intencionada que sea, puede llenar por sí sola. ¿Qué está en juego realmente? Más allá del texto legal, lo que está en juego es el modelo de seguridad que queremos construir. Si este se basa únicamente en la fuerza, el control y la verticalidad militar, entonces estamos ante una visión que puede sacrificar la democracia en aras de la “eficacia”. Pero si se apuesta por una seguridad basada en justicia social, reconstrucción del tejido comunitario, fortalecimiento de policías civiles y supervisión ciudadana, entonces este tipo de reformas deben ser, como mínimo, cuestionadas. Espero que este tema haya sido de su interés, y si el creador nos lo permite, nos estaremos leyendo la siguiente semana en esta su columna.
