El tiempo, el tiempo
La reciente aprobación de la reforma a la Ley de Amparo ha despertado una tormenta política y jurídica que no se agota en la controversia del momento. Lo que está en juego no es únicamente un debate técnico ni una disputa ideológica entre quienes gobiernan y quienes se oponen; lo que se discutió es, en esencia, la capacidad de los ciudadanos para defenderse frente al poder. Y no cualquier poder: el del Estado.
El discurso oficial ha intentado suavizar los alcances de la modificación, insistiendo en que no hay razones para la alarma y que todo es parte de una campaña mediática orquestada por conservadores y adversarios.
Sin embargo, la preocupación no proviene de rumores, sino de juristas, académicos y voces de prestigio que han advertido con claridad el retroceso que implica esta reforma. José Ramón Cossío Díaz, exministro de la Suprema Corte, fue contundente al señalar que la posición de la sociedad y las personas frente al poder quedará “enormemente restringida”. Esa frase, por sí sola, debería bastar para encender las alertas.
Uno de los cambios más sensibles es el que limita los efectos de los amparos colectivos. Bajo esta nueva lógica, asociaciones civiles o comunidades que han encontrado en el amparo una herramienta para defender derechos comunes —como el medio ambiente, el acceso al agua o la protección del patrimonio cultural— verán cerrada esa puerta.
Casos emblemáticos como los recursos interpuestos contra el Tren Maya, que cuestionaban el impacto ambiental y social de la obra, difícilmente prosperarían ahora. El Estado, en lugar de reconocer el derecho de los ciudadanos a cuestionar proyectos que los afectan indirectamente, prefiere blindarse ante las críticas.
A ello se suma la inclusión de un transitorio que abre la posibilidad de retroactividad en la aplicación de la reforma. Este detalle, aparentemente técnico, constituye una de las amenazas más graves, pues choca de frente con un principio constitucional básico: ninguna ley puede aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que ciudadanos, empresarios o políticos que mantienen amparos vigentes podrían verlos anulados de un plumazo. Un acto que raya en la inconstitucionalidad y que, de confirmarse, marcará un precedente peligroso de arbitrariedad.
Otro aspecto que ha generado inquietud es la imposibilidad de recurrir al amparo en casos de bloqueo de cuentas bancarias ordenados por la Unidad de Inteligencia Financiera. Se trata, en teoría, de combatir operaciones ilícitas, pero en la práctica se abre un espacio para abusos. No olvidemos que el amparo no legitima la ilegalidad; lo que hace es garantizar que incluso frente a la sospecha, el ciudadano tenga un recurso para defenderse. Negarle esa opción es colocar a cualquier persona a merced de una dependencia administrativa que, con un simple oficio, puede congelar su patrimonio sin un contrapeso judicial inmediato.
El gobierno ha insistido en que la ciudadanía seguirá protegida, que no se eliminaron los amparos y que solo se acotaron “excesos”. Pero esa narrativa omite un punto esencial: el amparo nació precisamente para proteger al individuo frente a esos “excesos” del poder. Al limitarlo, se debilita una de las instituciones jurídicas más importantes que México ha dado al mundo y que ha servido de escudo frente a abusos de todo tipo.
El debate no es, como lo pintan desde Palacio Nacional, una confrontación entre progresistas y neoliberales, entre “pueblo” y “conservadores”. Es un debate sobre el equilibrio de poderes y sobre la capacidad de la sociedad de defenderse cuando el poder se extralimita.
En tiempos donde las decisiones gubernamentales impactan de manera masiva —megaproyectos, reformas fiscales, políticas de seguridad— la voz ciudadana necesita más que nunca contar con herramientas eficaces de defensa. Eliminar o restringir esas herramientas no fortalece la democracia, la vulnera. No se trata de una exageración ni de una campaña de desprestigio: es la constatación de que los contrapesos están siendo debilitados sistemáticamente.
El tiempo, como se ha dicho, pondrá a cada quien en su lugar. Pero mientras tanto, lo que queda es un país con menos mecanismos de defensa para sus ciudadanos. Y eso, más allá de ideologías, significa un retroceso en materia de derechos humanos, de legalidad y de democracia. El amparo, herido en su esencia, es hoy menos eficaz. Y un ciudadano con menos defensa es, inevitablemente, un ciudadano más vulnerable.
