De qué se trata
En este país, la libertad de expresión ha sido una conquista ciudadana que costó décadas de luchas, represión y resistencia. Sin embargo, cada cierto tiempo surgen episodios que la ponen nuevamente a prueba. Y esta vez, la historia tiene como protagonista a la presidenta municipal de Cadereyta de Montes, Querétaro, Astrid Alejandra Ortega Vázquez, emanada de las filas de Morena, partido que en más de una ocasión ha mostrado poco aprecio por la crítica y la prensa libre.
La alcaldesa presentó una denuncia ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro contra un periodista y su entrevistado, acusándolos de presunta violencia política en razón de género. ¿La razón? Una entrevista que no fue de su agrado, transmitida a través de la página “Voz y Testimonio”, dirigida por el periodista Óscar Alberto Alcázar Zaragoza. No solo interpuso la queja, sino que exigió que ofrecieran una disculpa pública de 27 minutos y pidió como medida cautelar la censura de la entrevista, bajo el argumento de que mantenerla en línea le causaría un “daño inmenso”.
Por fortuna, la Dirección Ejecutiva del Instituto Electoral negó tales medidas, al considerar que no eran viables ni necesarias. El documento fechado el 26 de septiembre señala con claridad que no se otorgarán las medidas cautelares solicitadas. Es decir, el intento de amordazar a la prensa y borrar del espacio digital una conversación incómoda no prosperó.
Este episodio no es menor. Pretender que una autoridad pueda determinar qué contenidos deben eliminarse porque la incomodan es una afrenta directa a los principios democráticos. La entrevista no contenía ataques personales ni expresiones dolosas; eran simplemente preguntas periodísticas que, como en cualquier democracia madura, las y los servidores públicos deben saber responder con apertura y responsabilidad.
Lo paradójico es que la propia alcaldesa, en su afán de silenciar la entrevista, la volvió más visible. Si hubiese optado por la indiferencia, quizá la conversación habría pasado inadvertida. Pero al judicializarla, al ponerla en el centro del debate público, logró que medio país se enterara del contenido. Ella misma amplificó el alcance de un medio que, según sus propias palabras, “no tenía influencia”. Hoy, gracias a su reacción desmesurada, “Voz y Testimonio” es tema de conversación nacional.
Este tipo de estrategias no son nuevas. Recordemos el caso de la diputada apodada “Dato Protegido”, también vinculada a Morena, quien utilizó argumentos similares para intentar censurar cuestionamientos legítimos. La narrativa de victimización ante la crítica se ha vuelto un recurso frecuente en algunos sectores de ese partido: en lugar de rendir cuentas, se busca callar a quien pregunta. En lugar de aclarar, se amenaza con denuncias. En lugar de asumir la responsabilidad de sus dichos y actos, se refugian en un supuesto agravio de género, aunque nada en la entrevista tenga connotaciones ofensivas o discriminatorias.
Y es aquí donde se juega un terreno delicado. La violencia política de género es real y grave, y merece mecanismos efectivos de protección. Pero trivializarla, utilizarla como escudo para evadir la crítica o el escrutinio público, debilita su propósito original y deslegitima causas genuinas. No toda pregunta incómoda es violencia política. No toda entrevista dura es un ataque. Confundirlos, o peor aún, fingir confundirlos, es un acto de irresponsabilidad.
La reacción del Instituto Electoral al negar las medidas cautelares fue sensata y necesaria. De haber accedido, habría sentado un precedente peligrosísimo: el de permitir que cualquier funcionaria inconforme con la cobertura periodística pueda ordenar la eliminación de contenidos bajo pretextos frágiles. Eso sí sería un verdadero “daño inmenso” para la democracia.
El episodio deja al descubierto la piel cada vez más delgada de algunos personajes públicos. Les incomoda ser cuestionados, prefieren rodearse de medios complacientes, de “plumas amigas” que jamás les incomoden. Pero ser funcionaria o funcionario implica estar bajo el escrutinio ciudadano, aceptar la crítica y responder con argumentos, no con amenazas.
La libertad de expresión no es un favor que las autoridades conceden; es un derecho consagrado que deben respetar. Quienes hoy pretenden coartarla desde los ayuntamientos o desde cualquier cargo público, olvidan que mañana podrían estar del otro lado: siendo ellos quienes necesiten de una prensa libre que los defienda.
La historia de Astrid Ortega Vázquez es, en el fondo, una advertencia. Cada intento de censura, por pequeño que parezca, erosiona un poco más el espacio de libertades que tanto costó construir. Y frente a eso, el periodismo y la sociedad no pueden permanecer indiferentes.
