Puntos Fiscales
José Luis León Robles
El abandono de la escuela pública en México no siempre se anuncia con cierres, huelgas o protestas. La mayoría de las veces ocurre en silencio. Es un abandono que no hace ruido, pero que deja huellas profundas: salones semivacíos, maestros exhaustos, estudiantes que asisten sin aprender y autoridades que presumen cifras mientras ignoran realidades. No se trata únicamente de deserción escolar, aunque esa sea su expresión más visible. El abandono silencioso empieza mucho antes: cuando una escuela sigue abierta, pero sin recursos; cuando un docente hace el trabajo de tres; cuando el estudiante llega con hambre, miedo o cansancio, y aun así se le exige rendimiento como si nada ocurriera fuera del aula. La escuela pública se ha convertido en el último eslabón que sostiene a comunidades enteras. Alimenta, cuida, orienta, contiene emocionalmente y, si queda tiempo, enseña. En zonas rurales y urbanas marginadas, la escuela es muchas veces el único espacio relativamente seguro para niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, se le exige cumplir esa función social sin el respaldo material ni institucional necesario. Los discursos oficiales suelen hablar de “prioridad educativa”, pero la realidad cotidiana contradice esas palabras. Infraestructura deteriorada, falta de materiales básicos, grupos saturados y programas que cambian cada sexenio sin evaluación real. A esto se suma una carga administrativa creciente que aleja a los docentes de lo esencial: enseñar. El mensaje implícito es claro: la escuela pública debe resistir con lo que tenga. El abandono también se manifiesta en la forma en que se mira a estudiantes y maestros. A los primeros se les responsabiliza individualmente de su “fracaso”, sin considerar contextos de violencia, pobreza o desintegración familiar. A los segundos se les exige vocación ilimitada, como si el compromiso moral sustituyera salarios dignos, capacitación continua y condiciones laborales justas. Cuando algo falla, la culpa siempre es interna; el sistema rara vez se cuestiona. La pandemia dejó al descubierto esta fragilidad. Millones de estudiantes quedaron fuera del sistema o aprendieron de manera intermitente. Aunque las clases regresaron, las consecuencias siguen ahí: rezagos profundos, abandono emocional y una brecha educativa que no ha sido atendida con la urgencia necesaria. El problema ya no es solo recuperar contenidos, sino reconstruir el sentido mismo de la escuela. Mientras tanto, el crecimiento de la educación privada y los discursos que la presentan como “mejor opción” refuerzan una idea peligrosa: que la escuela pública es un servicio de segunda categoría, destinado solo a quienes no tienen alternativa. Esta narrativa normaliza el abandono y convierte la desigualdad en algo aceptable. Defender la escuela pública no es un gesto nostálgico ni ideológico; es una decisión política y ética. Es reconocer que sin una educación pública fuerte no hay movilidad social, ni ciudadanía crítica, ni futuro común. Abandonarla, aunque sea en silencio es renunciar a la posibilidad de un país menos desigual. La pregunta no es si la escuela pública está en crisis; eso es evidente. La pregunta es cuánto tiempo más seguiremos aceptando este abandono sin alzar la voz. Porque cuando una escuela se deteriora, no solo se pierde un edificio: se pierde una oportunidad. Y esas pérdidas, acumuladas, terminan definiendo el destino de una nación. Esperando contar con su lectura la siguiente semana en esta su columna, en un tema de interés general.
