Historias de NegoCEOs
Mario Maldonado
La apuesta de Octavio Romero al pedir —o más bien exigir— la dirección del Infonavit si no se le mantenía al frente de Pemex era la posibilidad de crear una empresa constructora propia, como si no hubiera dejado a la petrolera estatal en uno de sus peores momentos tras los seis años que la dirigió y las decenas de negocios que otorgó a sus cercanos, según múltiples denuncias.
Y lo consiguió. Infonavit Constructora, S.A. de C.V., constituida en marzo de 2025, ya fue incorporada al presupuesto institucional. Para 2026, el gasto consolidado de administración, operación y vigilancia del Instituto asciende a 19 mil 923 millones de pesos, dentro de un presupuesto total de 29 mil 335 millones. En 2025, el Infonavit ejerció un presupuesto de 28 mil 207 millones. El problema es que hay muy poca claridad sobre cuánto cuesta realmente operar la nueva constructora y cuánto de ese gasto se traducirá en vivienda efectiva.
Los documentos del Infonavit exponen que la filial ya formalizó más de 120 contratos de obra durante 2025 y que existen anticipos, activos por contratos y cuentas por pagar a desarrolladores, lo que confirma que ya hay flujo operativo. Sin embargo, no existe una base de datos transparente que permita identificar el ejercicio real por contrato: cuánto se ha pagado, qué porcentaje de obra está ejecutado y bajo qué criterios se autorizaron los anticipos. La opacidad reina en el Infonavit.
De la información que sí es pública, destacan dos contratos extraños. El primero, otorgado a AGICRESA, S.A. de C.V., por aproximadamente 993 millones de pesos para un desarrollo habitacional en Hidalgo. El segundo, a Constructora Dazna, S.A. de C.V., por alrededor de mil 150 millones de pesos para otro complejo de vivienda social. Ambas empresas tienen un historial previo de contratos públicos estatales y municipales. En el caso de AGICRESA, documentos oficiales identifican como representantes legales a miembros de la familia Crespo Arroyo, con vínculos políticos en Hidalgo. Dazna, por su parte, aparece en padrones de contratistas y en contratos hidráulicos estatales, con representantes legales que ha sido investigado por relaciones empresariales con actores políticos locales.
La concentración de contratos millonarios en pocas razones sociales y con antecedentes políticos aumenta la preocupación de que el Infonavit esté adjudicando obras de manera discrecional. No hay evidencia pública de licitaciones abiertas con competencia amplia, comparativos de precios ni criterios técnicos detallados de adjudicación.
A esto se suma la composición del equipo directivo. El organigrama del Infonavit hoy está poblado por perfiles provenientes de Pemex, donde Romero fue director general durante todo el sexenio de López Obrador. Marcos Manuel Herrería Alamina encabeza la Secretaría General y Jurídica; Jimena Alvarado Cruz controla el área de Comunicación; Jorge Luis Basaldúa Ramos dirige Crédito; Carlos Fernando Cortés González maneja Finanzas y Fiscalización. La curva de aprendizaje en vivienda social y administración hipotecaria no es menor y, sin embargo, las decisiones estratégicas están concentradas en este círculo que replica la lógica que Romero aplicó en la petrolera.
El frente financiero tampoco es promisorio. El año pasado Fitch reiteró y posteriormente retiró sus calificaciones al Infonavit. En enero de 2026, Moody’s Local retiró la evaluación de calidad como administrador hipotecario y el propio Instituto decidió no recontratar ese servicio. Formalmente no hubo degradación, pero el retiro simultáneo de evaluaciones externas redujo la visibilidad independiente sobre riesgos operativos y de cartera ahora que el Instituto está asumiendo un rol constructor masivo, con compromisos de hasta 400 mil viviendas por año.
Lala estrategia de comunicación también cambió. En plataformas como X y Facebook han comenzado a circular campañas pagadas con la imagen de Octavio Romero, promoviendo supuestos logros de su administración y el “nuevo rostro” del Infonavit. De manera que mientras no existe información pública suficiente sobre el ejercicio detallado de contratos y anticipos de obra, lo que sí hay presupuesto es para campañas de reputación.
La gestión de Romero en el Infonavit reproduce una fórmula conocida: la del Pemex mal administrado, opaco y repleto de amigos y contratistas afines. La diferencia es que ahora el activo bajo administración no es una empresa productiva del Estado, sino los ahorros de millones de trabajadores y el mercado de vivienda social.
@MarioMal
