Expertos en la simulación

El doble discurso se ha convertido en la marca registrada de quienes hoy ocupan las sillas más altas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Descaro, simulación, cinismo, hipocresía y desfachatez no son adjetivos gratuitos, sino la consecuencia lógica de una cadena de hechos que confirman que el llamado “acordeón” con el que llegaron al poder no fue una casualidad, sino un plan meticulosamente diseñado.

Lo más grave no es solo el fraude en la elección del Poder Judicial, sino la obstinación por negarlo, aun cuando la realidad los exhibe una y otra vez.

La narrativa oficial prometió austeridad republicana, sobriedad y un cambio profundo en las prácticas del pasado. Sin embargo, apenas cruzaron la puerta del poder, comenzaron a reproducir —y perfeccionar— los mismos vicios que decían combatir.

Primero fueron las camionetas blindadas, adquiridas con recursos públicos y devueltas únicamente por la presión mediática y social, no por convicción. Después, como si el escándalo no hubiese sido suficiente, se destapó un contrato por hasta 255 millones 102 mil pesos para el servicio de comedor del Poder Judicial en 2026, asignado a la empresa Amazing Trade de México SA de CV.

El argumento para justificar semejante gasto raya en lo grotesco: cuidar la “integridad física” de los servidores públicos mediante menús de cuatro tiempos, donde la carne debe servirse magra, el pollo sin piel y el pescado libre de espinas.

En un país donde millones de personas apenas acceden a una comida al día, la élite judicial se protege de una espina mientras miles de trabajadores enfrentan despidos y precarización laboral.

A este banquete de contradicciones se suma la compra de 12 togas para los nuevos integrantes del pleno, con un costo cercano a los 300 mil pesos. De acuerdo con información obtenida vía transparencia, seis togas para ceremonias extraordinarias se adquirieron el 31 de julio de 2025 por más de 160 mil pesos, y otras seis para ceremonias ordinarias se compraron el 25 de septiembre del mismo año, ya con la nueva Corte en funciones, por más de 134 mil pesos adicionales. Cada prenda, lejos de simbolizar justicia y sobriedad, se ha convertido en un emblema del despilfarro institucional.

Pero el exceso no termina ahí. Horas antes de rendir protesta ante el Senado, ministras y ministros electos participaron en una ceremonia de “purificación” y entrega de bastones de mando en el Zócalo capitalino. El acto, cargado de simbolismo y espectáculo, tuvo un costo de al menos 1 millón 254 mil pesos. Mientras tanto, el discurso oficial seguía insistiendo en la austeridad y el sacrificio.

La otra cara de esta historia es brutalmente contrastante. El Poder Judicial anunció el segundo despido masivo en lo que va de la administración, concentrado en el edificio de Ajusco 170, sede de la Dirección General de Recursos Humanos. Trabajadoras y trabajadores que sostienen el funcionamiento cotidiano de la institución fueron despedidos sin miramientos, en nombre de una austeridad que nunca tocó a la cúpula.

La incongruencia es insultante. No se puede hablar de responsabilidad presupuestal mientras se derrochan millones en privilegios para unos cuantos y se deja sin empleo —y sin sustento— a quienes realmente sacan la chamba. La política de austeridad, cuando se aplica solo hacia abajo, no es austeridad: es simulación. Y en esa simulación, los ministros y ministras de la Suprema Corte se han convertido en auténticos expertos.

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