Pros y contras de los “usos y costumbres”
La política pública también debe ampliar su alcance hacia las comunidades indígenas, porque en este segmento, durante los últimos años, se han presentado escenarios que violan los derechos de las personas. Cometer una infracción en los pueblos étnicos se ha convertido, en algunos casos, en una oportunidad para que la autoridad y la comunidad obtengan importantes cantidades de dinero.
No, no se está inventando. En los medios de comunicación se han documentado denuncias donde el conductor de una unidad de transporte, por decir lo menos, atropella a un animal y tiene que pagar no el precio real que éste tiene en el mercado, sino una multa excesivamente inflada. Incluso, si las cosas empeoran, el infractor puede terminar encarcelado.
Justo la norma que se aplica en los pueblos originarios es la de los usos y costumbres, una forma de autogobierno donde la autoridad municipal o ejidal —distinta de la mestiza, por llamarla de algún modo— puede influir en las decisiones que tome la comunidad.
En México, y no sólo en Chiapas, el paso del tiempo ha favorecido otorgarle un valor agregado a las zonas indígenas, y qué bueno que así sea; pero una cosa es actuar con transparencia y otra muy distinta abusar de esa condición de “acá mando yo”.
En la región Altos de Chiapas se han registrado algunos casos que ensucian esta política pública traducida en usos y costumbres. Existe una infinidad de acontecimientos donde han retenido a militares por “equivocarse” de camino; a conductores de unidades de carga, por atropellar a un animal; y a todos se les imponen penalizaciones económicas que rayan en lo grotesco. De hecho, es en esos momentos cuando las autoridades civiles intervienen para negociar la liberación de los retenidos.
Para el conglomerado social en general, los usos y costumbres deberían representar la celebración de tradiciones culturales, el predominio de actividades religiosas, el orgullo por la vestimenta que portan, las fiestas patronales, la lengua y hasta la comida regional que los distingue. Todo ello es excelente: se disfruta y hasta se presume.
Sin embargo, estos conceptos o formas de vida que rodean a los pueblos étnicos se han ido distorsionando y ello, en gran medida, tras la aparición de la guerrilla zapatista que, sin proponérselo ni ordenarlo directamente, fomentó que la resistencia diera un giro hacia la supremacía, porque algunos lo consideran una especie de “venganza” frente a las vejaciones históricas y al abandono del desarrollo en sus localidades.
El tema no es un invento ni una exageración; al contrario, queda evidenciado y demuestra la importancia de que las autoridades refuercen los programas de sensibilización dirigidos a quienes viven en las zonas indígenas.
El caso cuestionable registrado recientemente en el municipio de Chenalhó debería encender las alertas para enfocar mejor las políticas públicas hacia este sector. No puede ser posible que se le cobre a un repartidor de tortillas —o, en este caso, a la tortillería— una multa de 50 mil pesos por haberse accidentado en una de las calles de la comunidad de Yaxgemel. Fue un percance que no causó daños, pero sirvió para imponer una ley sustentada en causas injustificadas.
Muy diferente —y eso hay que aplaudirlo y reconocerlo— es el caso de las nuevas reglas que se acordaron en la comunidad de Sibactel, perteneciente al municipio indígena de Tenejapa, donde mediante asamblea aprobaron aplicar multas de hasta 5 mil pesos a conductores que no respeten los límites de velocidad, generen ruido excesivo con motocicletas o vehículos, así como a quienes consuman alcohol o sustancias ilícitas en la vía pública; todo ello para mantener el orden y la seguridad en la comunidad.
Eso sí es digno de destacar para construir una comunidad responsable, donde el objetivo sea disminuir los delitos y fortalecer la convivencia social, dado que en muchas comunidades suelen registrarse incidentes derivados del consumo excesivo de alcohol.
