Obtiene Lenia Batres registro de “Ministra del Pueblo”, ¿lo será?
En redes sociales se lee con frecuencia que la ministra Lenia Batres le hace mucho daño a México. No porque se le critique por los errores que ha cometido durante diversas sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación —se entiende que está aprendiendo a desempeñarse en una responsabilidad crucial para el país—, sino porque sus propios compañeros han manifestado su desacuerdo con la forma en que se conduce al abordar temas torales.
A la ministra se le critica su desconocimiento en asuntos jurídicos. Sin embargo, como dijo el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para formar parte del gobierno se requiere un 90 por ciento de honestidad, lealtad, probidad y compromiso, y solo un 10 por ciento de conocimiento y experiencia.
Esta sentencia lapidaria parece practicarse a la perfección dentro de la Cuarta Transformación. No porque se desconozcan las aptitudes de sus integrantes, sino porque se considera preferible que sean rectos y honestos antes que caigan en actos de corrupción.
Con base en ello, parecería que de poco sirvieron las enseñanzas que dejó el exmandatario, dado que, si de algo puede jactarse el partido en el poder, es de tener entre sus filas a numerosos personajes señalados por actos irregulares. La diferencia es que pocas veces existen condenas que permitan reivindicar la aplicación de la justicia en este país.
Cuando alguien en la política pretende convertirse en referencia o ejemplo de rectitud, sus acciones deben demostrar que es una persona intachable, honrada, productiva y, sobre todo, impulsora de la transformación de su entorno.
Presumir un cargo obtenido por recomendaciones implica, como mínimo, responder con hechos a la confianza depositada. No se trata de agradecer la palanca que abrió las puertas, sino de responderle al pueblo con resultados. Tener sobre la mesa denuncias que señalan improductividad laboral o sostener que no se requiere especialización para ejercer determinadas funciones no solo resulta criticable, sino preocupante.
Además, cuando dentro de un grupo de trabajo lo primero que se cuestiona es la falta de competencia de uno de sus integrantes respecto al resto del equipo, el problema se vuelve más evidente. Pensar diferente no exime a nadie de alejarse de la realidad ni de adoptar posturas extremas.
Trabajar de manera coordinada y asumir la responsabilidad como parte de un compromiso laboral, ya sea en la iniciativa privada o en algún puesto del servicio público municipal, estatal o federal, exige disposición, disciplina y profesionalismo.
Cuando se obtiene un empleo no se llega sabiendo todo. En cualquier empresa o dependencia gubernamental existen reglas que deben respetarse y, sobre todo, aplicarse en beneficio de la ciudadanía o del sector al que se sirve.
Por supuesto que la experiencia es altamente valorada y necesaria, pero también lo son la disciplina con la que se trabaja y los vínculos que se construyen con el entorno. Los ascensos suelen llegar cuando el trabajador se los ha ganado.
Las excepciones y los problemas aparecen cuando los ascensos son producto del compadrazgo o del tráfico de influencias. Entonces surgen la desconfianza y el enojo. El sacrificio de quienes han luchado por una mejor posición y una mejor remuneración económica se desvanece, mientras el desencanto fomenta la división y la improductividad, y eso no es lo deseable.
Todo este contexto parece envolver al Poder Judicial Federal, donde jueces, magistrados, ministros y otros funcionarios llegaron bajo el amparo de los llamados “acordeones”. La situación en la Suprema Corte es, según han externado sus propios integrantes durante las sesiones, de discordia, discrepancias y diferencias en la forma de abordar temas trascendentales para la vida política, social y económica del país, asuntos que necesariamente deben ser analizados y votados por el máximo tribunal.
Cabe preguntarse entonces cómo se desempeñará la ministra Lenia Batres ahora que obtuvo oficialmente el reconocimiento de la marca que ella misma impulsó para, según ha dicho, defender los intereses de los mexicanos. Al ser reconocida y registrada como propia la denominación “Ministra del Pueblo”, la veremos no solo recorriendo los pasillos de la Corte con ese distintivo, sino también en los actos públicos en los que participe. Veremos si realmente representa a los mexicanos cuando realice sus habituales acercamientos ciudadanos y estos reconozcan su trabajo, o si, por el contrario, recibe rechiflas como las que ya ha enfrentado en algunos espacios públicos
