Puntos Fiscales
José Luis León Robles
4,589 CARACTERES En la historia política y económica de México siempre ha existido una relación compleja entre el poder público y el poder empresarial. Sin embargo, pocas veces esa tensión ha alcanzado el nivel de confrontación pública que hoy protagonizan la presidenta Claudia Sheinbaum y el empresario Ricardo Salinas Pliego. Lo que comenzó como diferencias sobre temas fiscales y el papel de los grandes contribuyentes ha evolucionado hacia un enfrentamiento permanente en conferencias de prensa, redes sociales y medios de comunicación, convirtiéndose en uno de los episodios políticos más significativos del año. No se trata únicamente de un desacuerdo entre una mandataria y uno de los empresarios más influyentes del país. En realidad, la disputa representa el choque entre dos visiones diametralmente opuestas sobre el papel del Estado, la libertad empresarial, la justicia fiscal y los límites del poder político. Desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum, el Gobierno Federal ha mantenido la narrativa de que nadie debe estar por encima de la ley y que todos los contribuyentes, sin importar su tamaño económico, deben cumplir con sus obligaciones fiscales. En ese contexto, el grupo empresarial encabezado por Ricardo Salinas Pliego continúa enfrentando litigios relacionados con créditos fiscales de gran magnitud, los cuales permanecen sujetos a procesos judiciales y cuya resolución corresponde al Poder Judicial. Por su parte, Salinas Pliego sostiene que existe una persecución política y mediática en su contra. Desde sus plataformas digitales ha acusado al gobierno de utilizar las instituciones fiscales como instrumentos de presión política y ha cuestionado de manera constante diversas decisiones económicas, regulatorias y de seguridad pública. El conflicto, sin embargo, dejó hace tiempo de centrarse exclusivamente en los impuestos. Durante las últimas semanas la confrontación escaló cuando la presidenta criticó públicamente diversas publicaciones difundidas por el empresario en redes sociales, al considerar que algunos mensajes alimentaban la polarización y podían incentivar un clima de confrontación social. Sheinbaum respondió que las diferencias políticas deben resolverse mediante el diálogo y rechazó cualquier llamado que pudiera interpretarse como una invitación a la violencia. Salinas Pliego, fiel a su estilo irreverente y directo, respondió con nuevos mensajes críticos hacia la administración federal, defendiendo lo que considera su derecho a ejercer plenamente la libertad de expresión y cuestionando el rumbo económico del país. Lo verdaderamente relevante de este episodio no es el intercambio de declaraciones, sino el precedente institucional que puede dejar. En cualquier democracia madura resulta saludable que existan voces críticas provenientes del sector privado. La crítica al gobierno forma parte del debate democrático y constituye un contrapeso natural frente al poder político. Sin embargo, también es cierto que los empresarios, especialmente aquellos con una enorme influencia mediática y millones de seguidores, tienen una responsabilidad adicional sobre el impacto de sus mensajes en la opinión pública. Del mismo modo, el Gobierno debe actuar con prudencia. Cuando la crítica empresarial recibe una respuesta constante desde la máxima tribuna del país, surge inevitablemente la percepción de que el Estado entra en una confrontación personalizada con un ciudadano, independientemente de la solidez jurídica de los asuntos fiscales que se discuten. La línea entre informar y confrontar puede volverse muy delgada. En este escenario también aparece un tercer actor: la sociedad. Mientras ambos personajes intercambian señalamientos, millones de mexicanos enfrentan problemas mucho más urgentes: inseguridad, inflación, acceso a servicios de salud, generación de empleos y crecimiento económico. Para buena parte de la ciudadanía, esta confrontación comienza a percibirse como una batalla de egos que consume tiempo y atención pública sin traducirse en soluciones concretas para los problemas cotidianos. Al final, México necesita menos confrontación y más certidumbre, las diferencias entre el poder político y el poder económico son inevitables en cualquier sistema democrático. Lo verdaderamente importante es que esas diferencias se resuelvan mediante las instituciones, los tribunales y el Estado de derecho, no a través de una guerra permanente de declaraciones que polariza a la sociedad. Espero este tema haya sido de su interés, y si el creador nos lo permite nos estaremos leyendo la siguiente semana en esta su columna
