Ramón López Castro
El debate sobre los procesos políticos anticipados rumbo a 2027 suele plantearse como un problema de votos, de fechas o de competencias jurídicas. Es todo eso. Pero también es, sin que casi nadie lo diga así, un problema de teoría de partidos que la sociología política ayuda a comprender desde hace más de setenta años.
En 1951, el politólogo francés Maurice Duverger publicó —Los partidos políticos—, el estudio que sigue siendo la referencia obligada para entender qué es, estructuralmente, un partido moderno. Su distinción central ayuda a explicar por qué la actividad de los partidos no se agota en los periodos formales de campaña.
Duverger distingue dos genealogías de partido. La primera es el comité electoral decimonónico: una estructura mínima, informal, organizada alrededor de un notable local, que despertaba solo cuando había elección y volvía a dormir en cuanto terminaba. Ese modelo —el de los clubes electorales del siglo XIX europeo— asumía que la vida partidista era, por definición, intermitente: existía para competir, no para organizar permanentemente a nadie.
La segunda genealogía es el partido de masas, que emerge a finales del siglo XIX con los movimientos socialistas y obreros europeos. A diferencia del comité electoral, el partido de masas no vive solo en época de elección: tiene membresía permanente, cuotas, estructura burocrática estable, y una función que Duverger llama de encuadramiento —encadrement—: educar políticamente a sus afiliados, construir identidad colectiva, mantener una vida orgánica continua que antecede y excede cualquier calendario electoral.
La diferencia no es de grado. Es de naturaleza. El comité electoral existe para ganar una elección. El partido de masas existe para organizar, de manera permanente, una visión del mundo y una base social —la elección es solo uno de los momentos en que esa organización se pone a prueba.
Conviene ser preciso aquí: los partidos mexicanos del siglo XXI no son clubes electorales decimonónicos, ni se les puede describir como tales. Afilian militantes los 365 días del año, impulsan iniciativas legislativas propias, organizan consultas internas y buscan consensos permanentes entre sus bases. Son, sin ambigüedad, entidades vivas en el sentido más estricto que Duverger dio a esa palabra. El club electoral es, en este ensayo, solo el punto de partida histórico —el modelo que el derecho electoral mexicano parece presuponer todavía, no una descripción de lo que los partidos actuales realmente son.
Esa distinción permite una analogía útil, aunque no exacta, con el vocabulario jurídico mexicano actual, que separa la propaganda política —genérica, permanente, orientada a construir identidad e imagen partidista— de la propaganda electoral —específica, acotada a tiempos de campaña, dirigida a una candidatura concreta y a la solicitud directa del voto.
El derecho electoral mexicano regula ambas clases de propaganda, aunque establece reglas especialmente detalladas para las precampañas, las campañas y los actos anticipados. Desde esta perspectiva, la propaganda electoral se parece al momento del comité decimonónico —un estallido de actividad concentrado en semanas—, mientras que la promoción política permanente es, en términos de Duverger, la esencia misma del partido de masas: no es, por sí misma, una anomalía ni un mecanismo para evadir la ley, sino la función que un partido moderno tiene que cumplir todos los días para seguir siendo relevante entre una elección y la siguiente.
Cuando Morena organiza coordinadores, el PRI construye defensores o el PAN abre un registro ciudadano permanente, la sola existencia de esas actividades no permite concluir que busquen burlar el calendario electoral. Su valoración jurídica debe atender al contenido, la temporalidad, los recursos utilizados y la finalidad de cada caso.
Duverger describió el partido de masas de mediados del siglo XX: membresía disciplinada, ideología definida, estructura burocrática estable. Pero el politólogo italiano Angelo Panebianco, en su estudio de 1988 sobre organización y poder en los partidos, documentó que ese modelo ya había empezado a transformarse en algo distinto: el partido profesional-electoral.
En ese modelo, el peso de la organización se desplaza de los cuadros burocráticos y la militancia de base hacia especialistas externos —encuestadores, consultores de imagen, estrategas de comunicación— y el vínculo central deja de ser el del líder con sus militantes para convertirse en el del líder con el electorado en general, mediado por encuestas y medios de comunicación, no por asambleas partidistas.
Esa evolución es visible en el fenómeno mexicano. Los procesos de “coordinadores” y “defensores” no se resuelven, en la práctica, mediante deliberación militante: se resuelven con encuestas, estrategias de posicionamiento mediático y despliegue territorial diseñado por equipos profesionales. Duverger explicaría por qué un partido necesita esa actividad permanente; Panebianco explica por qué, hoy, esa actividad se parece más a una operación de mercadotecnia política que a una asamblea de bases.
Esto no vuelve el fenómeno menos legítimo, pero sí matiza el argumento anterior: la “vida orgánica permanente” que Duverger atribuía al partido de masas ha sido, en buena medida, sustituida por un aparato profesionalizado cuyo objetivo principal es la exposición mediática de perfiles competitivos, no la construcción de una base militante en el sentido clásico.
Hay todavía un tercer momento en esta evolución, descrito en 1966 por el politólogo alemán Otto Kirchheimer: la transformación del partido de masas ideológico en lo que llamó el partido atrapa-todo —catch-all party—. Su tesis central es que, para maximizar el voto, los partidos diluyen deliberadamente el perfil doctrinario estrecho que los definía y se convierten en máquinas orientadas a capturar el mayor número posible de electores, más allá de su base ideológica original.
Esa es, casi con precisión, la fotografía de los partidos mexicanos contemporáneos: organizaciones que afilian todo el año, que sí promueven iniciativas legislativas y buscan consensos genuinos entre sus bases —como corresponde a un partido de masas vivo—, pero cuya orientación dominante, sobre todo en año electoral, se ha desplazado hacia la captación amplia de votos por encima de la coherencia ideológica estricta. Los “coordinadores”, “defensores” y registros ciudadanos no compiten entre sí por una visión doctrinaria distinta: compiten por quién logra posicionar, primero y con más alcance, un perfil capaz de capturar votación más allá de la militancia tradicional.
Duverger explica por qué esa actividad permanente es constitutiva de cualquier partido moderno. Panebianco explica por qué esa actividad se ha profesionalizado. Kirchheimer explica por qué su objetivo ya no es tanto formar una conciencia ideológica compartida como maximizar una base electoral lo más amplia posible —y por qué, en consecuencia, ningún partido tiene incentivo real para operar bajo una lógica distinta a la de sus competidores.
Esto ayuda a explicar por qué las propuestas para regular la actividad partidista fuera de los periodos formales generan resistencias y exigen precisión. Una regulación general no puede partir de la premisa de que los partidos permanecen inactivos entre elecciones. Por ello, cualquier regla debe distinguir entre la vida interna y la organización política permanente, por una parte, y las conductas concretas que puedan adquirir una finalidad electoral, por otra.
Pedir que se respete el calendario electoral no implica suspender la función de encuadramiento de los partidos durante dos años. El punto consiste en evitar que se confunda la vida orgánica permanente con los actos anticipados de precampaña o campaña, y en que cualquier regulación general cuente con fundamento legal suficiente.
Nada de esto significa que la actividad de coordinadores y defensores deba quedar exenta de fiscalización o de reglas de equidad. La sociología de partidos explica la naturaleza del fenómeno; no exime la necesidad de que el sistema electoral distinga, con criterios claros, entre la vida partidista permanente que Duverger describe y aquellos actos que, por sus características concretas, puedan actualizar obligaciones de fiscalización o alguna infracción prevista en la normativa.
El desafío no está en que los partidos desarrollen actividades permanentes, sino en que el marco electoral distinga con precisión esa vida orgánica de las conductas que puedan incidir anticipadamente en una contienda. La respuesta corresponde a cada autoridad dentro de sus competencias: al legislador, en la definición de reglas generales; y a las autoridades electorales, en la aplicación e interpretación del marco vigente.Referencias: Maurice Duverger, Les partis politiques, Librairie Armand Colin, París, 1951 (trad. esp. Los partidos políticos, Fondo de Cultura Económica, México); Angelo Panebianco, Political Parties: Organization and Power, Cambridge University Press, 1988 (trad. esp. Modelos de partido, Alianza Editorial, Madrid, 1990); Otto Kirchheimer, “The Transformation of the Western European Party Systems”, en Joseph LaPalombara y Myron Weiner (eds.), Political Parties and Political Development, Princeton University Press, 1966
