Cuando la legalidad se convierte en discurso
No hay peor enemigo para una institución que la pérdida de confianza de quienes la integran. Cuando son los propios trabajadores quienes levantan la voz para denunciar que los procesos encargados de garantizar la justicia laboral terminan convertidos en instrumentos de discrecionalidad, el problema deja de ser administrativo y se transforma en una crisis de credibilidad.
El posicionamiento público emitido por trabajadores del Nivel de Educación Indígena de la Región 708 contra la Subcomisión Mixta Estatal de Relaciones Laborales de la Sección VII del SNTE-CNTE no es un simple documento de inconformidad. Es una acusación frontal contra un mecanismo que, en teoría, existe precisamente para evitar favoritismos y garantizar que los cambios de adscripción se rijan por la ley.
Las denuncias son delicadas. Hablan de violaciones a la normatividad, de espacios asignados sin respetar los listados de prelación, de la exclusión de supervisores escolares y jefes de zona en decisiones que les competen, y de un aparente desprecio por la antigüedad y los méritos de los docentes. Si todo ello resulta cierto, entonces no se trata de errores administrativos, sino de una práctica que vulnera derechos laborales conquistados durante años.
Resulta paradójico que quienes deberían ser los primeros guardianes de la transparencia sean señalados precisamente por actuar al margen de ella. La Subcomisión Mixta fue creada para dar certeza a los trabajadores, no para sembrar sospechas; para fortalecer la institucionalidad, no para debilitarla.
Más preocupante aún es que este tipo de señalamientos no son nuevos dentro del sistema educativo. Cada ciclo de cambios de centro de trabajo suele estar acompañado por rumores, inconformidades y acusaciones de favoritismo. La diferencia ahora es que la denuncia aparece respaldada por coordinadores regionales, secretarios generales y representantes de centros de trabajo, quienes decidieron hacer pública su inconformidad.
Cuando los propios actores del sistema dejan de confiar en las reglas, el daño trasciende el ámbito sindical. También impacta en la gobernabilidad educativa. Difícilmente puede hablarse de una transformación de la educación cuando los procedimientos internos generan más dudas que certidumbre.
Por ello, el silencio de las autoridades no puede ser una opción. Si las acusaciones carecen de sustento, corresponde demostrarlo con documentos, listados y procedimientos transparentes. Pero si existen irregularidades, lo responsable es corregirlas antes de que el conflicto escale y termine contaminando el inicio del próximo ciclo escolar.
La exigencia de una auditoría, la revisión de cada movimiento y la intervención de la Secretaría de Educación, la USICAMM y los órganos de control no debería interpretarse como un desafío a la autoridad, sino como una oportunidad para recuperar la confianza perdida.
Porque la educación indígena merece procesos limpios, no negociaciones de escritorio; merece concursos transparentes, no decisiones discrecionales. El mérito, la antigüedad y el respeto a la ley no pueden convertirse en conceptos decorativos mientras prevalezcan las sospechas de favoritismo.
Si la legalidad sólo se invoca en los discursos, pero se ignora en los hechos, quienes terminan pagando el costo no son únicamente los docentes. También lo hace la educación pública y, sobre todo, las comunidades indígenas que esperan instituciones fuertes, justas y confiables.
