- Por su parte, el PAN se suma a la defensa del exgobernador: el líder blanquiazul, Jorge Romero exige garantizar el debido proceso
la Jornada
La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, afirmó que la reunión en Guadalajara en la que participaron el ex presidente Vicente Fox y un grupo de ex gobernadores panistas “no es una defensa desinteresada del Estado de derecho. Es un acto de protección corporativa de la vieja mafia del poder, reunida para absolver políticamente a Ernesto Ruffo Appel antes de que concluya el proceso judicial”.
En un comunicado que emitió este viernes, la dirigente del partido guinda subrayó que los blanquiazules “no presentaron pruebas para desmentir las operaciones investigadas alrededor de Ingemar (empresa donde participaba Ruffo)”, sino únicamente “presentaron elogios y declaraciones como ‘meto las manos al fuego’. Pretenden que la palabra de quienes traicionaron la democracia sustituya la investigación de la Fiscalía y la decisión de los tribunales”.
Según Montiel, la intención de los panistas es construir una “historia falsa” donde Ruffo Appel aparece como uno de los fundadores de la democracia mexicana, cuando en realidad “las cúpulas del PAN convirtieron la victoria de Baja California en 1989 en el punto de partida de su concertación con el salinismo”.
En ese mismo tono, la dirigente morenista acusó que la reunión de Fox y los gobernadores de su partido evidencia la continuidad de los tratos con el PRI en los que –a su juicio- participó Ruffo. “Antes se reunían para negociar el poder; ahora se reúnen para proteger a uno de los suyos. Quieren transformar la alternancia en fuero, la amistad en prueba y la trayectoria política en certificado perpetuo de honestidad”.
Montiel recalcó que Ruffo no está siendo investigado por haber ganado una elección en 1989 ni por militar en el PAN, sino por “su presunta participación en una red de contrabando de combustibles relacionada con Ingemar. La investigación surgió del aseguramiento de 129 carrotanques con alrededor de 15 millones de litros de combustible y ha documentado operaciones de una escala mucho mayor”.
Asimismo, enfatizó que “no es persecución política que un poderoso responda ante la justicia. Persecución sería fabricar pruebas; impunidad sería impedir la investigación por su apellido, su partido o sus relaciones”
PAN exige debido proceso para Ernesto Ruffo
PolíticoMX
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, expresó su respaldo al pronunciamiento emitido por exgobernadores panistas y el expresidente Vicente Fox, quienes solicitaron que el proceso judicial contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, se conduzca con apego al Estado de derecho y respeto a las garantías constitucionales.
A través de sus redes sociales, Romero afirmó que Acción Nacional hace suyo el llamado de los exmandatarios panistas y del expresidente Vicente Fox.
“Hacemos nuestro el llamado que hacen los Gobernadores y Presidente del Cambio en México en defensa del Estado de derecho, las garantías constitucionales y la dignidad de Ernesto Ruffo Appel. Nadie está por encima de la ley, pero ninguna autoridad puede estar por encima de la Constitución”, escribió.
Exgobernadores piden un proceso imparcial para Ernesto Ruffo
En un comunicado firmado por exgobernadores panistas y el expresidente Vicente Fox, los firmantes sostienen que la detención de Ernesto Ruffo obliga a defender principios fundamentales como la presunción de inocencia, el debido proceso y el acceso a una defensa adecuada.
El documento señala que, si bien ninguna persona está por encima de la ley, tampoco las autoridades pueden actuar por encima de la Constitución ni vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Además, advierte que la justicia pierde legitimidad cuando se percibe que es utilizada con fines distintos a la búsqueda imparcial de la verdad.
Cuestionan investigación por presunto huachicol fiscal
En el posicionamiento, los exmandatarios recuerdan que desde hace varios años existen denuncias e investigaciones periodísticas sobre redes de contrabando de combustibles y evasión fiscal de gran escala.
Señalan que durante la campaña presidencial de 2024, Xóchitl Gálvez denunció públicamente la existencia de un esquema nacional de contrabando de combustibles, mientras que en 2025 la Secretaría de Marina realizó aseguramientos de combustible ilegal y reconoció la operación de redes dedicadas a esta actividad.
Ante ese contexto, cuestionan que las investigaciones se concentren en Ernesto Ruffo sin que, afirman, se hayan esclarecido plenamente las estructuras criminales y financieras que hicieron posible el crecimiento de estas operaciones.
“¿Por qué, después de años de denuncias sobre redes y estructuras de gran escala, la actuación del Estado termina concentrándose en Ernesto Ruffo Appel mientras permanecen sin esclarecer plenamente quienes hicieron posible el crecimiento de estas operaciones?”, plantea el documento.
Piden revisar las condiciones de reclusión de Ruffo
Los firmantes también expresaron preocupación por las condiciones en las que se encuentra recluido el exgobernador en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”.
De acuerdo con el comunicado, la defensa de Ruffo ha reportado restricciones para mantener comunicación con su cliente, situación que, aseguran, afecta su derecho a una defensa adecuada.
Asimismo, argumentan que, por tratarse de una persona mayor de 70 años, la legislación contempla la posibilidad de enfrentar el proceso bajo arraigo domiciliario, por lo que sostienen que solicitar esa medida no representa un privilegio, sino el ejercicio de un derecho previsto en la ley.
Los firmantes exigen respeto al debido proceso
El grupo de exgobernadores también manifestó inquietudes sobre el desarrollo del proceso judicial, al señalar presuntas inconsistencias como la supuesta falta de valoración de pruebas de descargo, el desconocimiento entre algunos de los coacusados y la realización de audiencias que califican como cerradas.
Por ello, hicieron un llamado para que cualquier procedimiento contra Ernesto Ruffo Appel se conduzca con estricto apego a la Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y los principios de independencia judicial, imparcialidad, proporcionalidad y presunción de inocencia.
