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Con el objetivo de poner fin a los vacíos legales que afectan cotidianamente a millones de viajeros, el diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó una iniciativa para reformar la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos, estableciendo reglas claras sobre quién debe responder y pagar compensaciones cuando un vuelo se retrasa o se cancela.
Señaló que hoy en día, cuando un vuelo se demora o se cancela, la ley castiga y obliga a responder únicamente a las aerolíneas. Sin embargo, las estadísticas oficiales demuestran que una parte muy importante de los retrasos no es culpa de las aerolíneas, sino de problemas en la infraestructura del aeropuerto, fallas en los servicios en tierra, saturación operativa o mala administración de las terminales aéreas.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI indicó que esto genera un círculo injusto: los pasajeros sufren la demora, exigen su compensación a la aerolínea, esta se desmarca argumentando que la culpa fue del aeropuerto y al final, dijo, el pasajero se queda sin compensación y sin saber quién es el verdadero responsable.
Recordó que situaciones como las vividas recientemente por usuarios en vuelos comerciales —por ejemplo, demoras de más de seis horas con pasajeros confinados a bordo sin aire acondicionado ni agua, o vuelos desviados y cancelados tras más de 14 horas de espera sin recibir ninguna compensación— evidencian la necesidad de actualizar el marco legal para proteger verdaderamente los derechos de los consumidores.
Moreira Valdez subrayó que su propuesta busca que el que paga es el que falla. “Si el retraso es por causas de la aerolínea, ella responderá como hasta ahora. Pero si la demora o cancelación ocurre por fallas, omisiones o mala administración de los aeropuertos, la compensación económica deberá pagarla directamente el operador o concesionario del aeropuerto, utilizando los recursos que recauda por la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), sin cargarle este costo extra a los bolsillos de los pasajeros”.
Asimismo, el legislador expuso que también se obliga a los aeropuertos a informar de inmediato a las aerolíneas la causa exacta del retraso para que, a su vez, los pasajeros reciban información veraz, oportuna y transparente desde el primer momento en que se afecte su itinerario.
Además, se instruye a que la Publicación de Información Aeronáutica incluya reportes detallados sobre las causas reales de los retrasos y cancelaciones en el país, acabando con la opacidad.
Con esta propuesta, el exgobernador de Coahuila busca dotar de auténtica certeza jurídica a los usuarios del transporte aéreo en México, garantizando que los derechos de los pasajeros se respeten y que las sanciones recaigan exactamente sobre quien comete la falla.
