Ex gobernador de Guerrero ordenó destruir evidencias, acusa la Fiscalía General de la República
La Jornada
México. El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue ingresado esta tarde al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en este municipio mexiquense, desde donde enfrentará la imputación que le hace la Fiscalía General de la República, que lo considera presunto responsable de la destrucción de evidencias del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En medio de un discreto dispositivo de seguridad, el exmandatario guerrerense arribó en compañía de agentes de la Fiscalía General de la República al Centro Federal de Readaptación Social número 1, localizado en la comunidad de Santa Juana, en Almoloya de Juárez, a bordo de una camioneta negra escoltada por dos autos más, en punto de las 15 horas con 22 minutos.
Cuatro minutos después, la camioneta ingresó por la garita principal del penal, donde se inició el trámite para ponerla a disposición de las autoridades penitenciarias.
Ángel Heladio Aguirre Rivero fue detenido esta mañana en el municipio mexiquense de Tepotzotlán en cumplimiento de una orden de aprehensión librada por un juez de distrito en materia penal federal del Estado de México.
Ordenó destruir evidencias: FGR
El ex gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, ordenó destruir las evidencias de la noche del 26 de septiembre de 2014, en el momento en que “el autobús Estrella de Oro número 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas (de Ayotzinapa) fue videograbado por las cámaras de seguridad números 12 y 15 del exterior del Palacio de Justicia del Estado en Iguala”, ello cuando el vehículo era detenido por policías municipales y estatales, y después se reportó la desaparición de varios estudiantes, informó la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos.
Señaló que la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, permite sostener “que lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal”.
En un mensaje a la nación, la funcionaria dio a conocer puntos que refieren la presunta responsabilidad de Aguirre Rivero en el ocultamiento y destrucción de pruebas relacionadas con lo sucedido el 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando fuero privados de la libertad y desde entonces, se encuentran en calidad de desaparecidos, 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
Godoy Ramos explico: “las primeras versiones oficiales señalaron que dicho material (las grabaciones de las cámaras de vigilancia) no existía por presuntas fallas técnicas del sistema. Sin embargo, diligencias posteriores acreditaron que esa versión era falsa”.
Agregó que “en enero de 2026, una persona colaboradora aportó testimonio que confirmó la existencia de las videograbaciones, y señaló a quién la sustrajo para entregarlas directamente” al ex gobernador, “además de referir amenazas que explicaban su silencio previo”.
Las investigaciones lograron obtener en mayo de este año, el testimonio de “un segundo testigo protegido” que robusteció lo antes mencionado “al señalar que Ángel “N” ordenó en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Iguala”.
Aseguró que la FGR “cuenta con elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador con la participación de servidores públicos, estatales de alto nivel”.
