Razones
Jorge Fernández Menéndez
El amplio reportaje de esta semana del New York Times sobre lo que llaman la mafia cubana operando en México, particularmente en Quintana Roo, presenta información nueva en el sentido de que está manejada por un nieto de Raúl Castro (¿no le recuerda a Andy?), pero esa operación viene de por lo menos 30 años atrás.
Comenzó con el gobierno de Mario Villanueva en el estado, con la participación abierta de Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, que incluso vivió largos periodos en Cuba, y de políticos cubanos como el entonces canciller Roberto Robaina.
A diferencia de otros estados, Quintana Roo no ingresó al mapa del narcotráfico mexicano por la violencia abierta que hoy caracteriza a buena parte del país. Lo hizo como una frontera de baja visibilidad: una costa extensa, actividad aérea y marítima internacional, una pujante economía turística y una vecindad con Belice y Cuba que permitía el tránsito constante de personas, capitales y mercancías. Durante los años noventa, esa combinación convirtió al estado en una plataforma logística atractiva para organizaciones que buscaban llevar cocaína sudamericana hacia Estados Unidos.
El principal símbolo de aquella etapa es Mario Villanueva Madrid, gobernador priista de Quintana Roo entre 1993 y 1999, y hoy un referente de Morena en el estado. Su expediente condensó una de las primeras grandes acusaciones contra un mandatario estatal mexicano por vínculos con el crimen organizado. Villanueva facilitó la operación del Cártel de Juárez en territorio quintanarroense y recibió pagos por permitir que cargamentos de cocaína transitaran sin interferencia de las corporaciones locales. En Estados Unidos se declaró culpable de conspiración para lavar dinero procedente de sobornos relacionados con esa organización; los montos que aparecen en las investigaciones hablan de entre 400 mil y 500 mil dólares por cargamento y de más de 11 millones de dólares lavados mediante el sistema financiero estadounidense.
La importancia del caso no radicaba sólo en la caída de un gobernador. Mostró el tipo de arreglo que se articuló entre política, seguridad pública y economía regional que se ha replicado una y otra vez en el país en las últimas décadas. El narcotráfico no requería controlar cada institución; le bastaba con capturar las áreas críticas para el movimiento de mercancías, la vigilancia de puertos y aeropuertos, y la administración de los espacios turísticos. Las organizaciones criminales se fortalecen allí donde encuentran protección política, acceso financiero y capacidad de corromper o subordinar a las instancias institucionales.
El capítulo cubano introduce una dimensión más compleja. Villanueva mantuvo una relación pública y cercana con el gobierno cubano y con Roberto Robaina en particular, era el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba entre 1993 y 1999. Al mismo tiempo en Cuba vivió largos meses Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos, siempre con protección oficial, hasta su asesinato, en una operación quirúrgica, en 1997. Desde La Habana El Señor de Los Cielos, dirigía las operaciones del cártel de Juárez que entonces encabezaba, mientras Ramón Alcides Magaña, El Metro, era el operador en la península. Después de la muerte de Amado, Villanueva se refugió en Cuba mientras era perseguido por las autoridades mexicanas y la relación del exgobernador con Robaina contribuyó a la caída del canciller, así como a la del entonces ministro cubano de Turismo.
La relación de personajes políticos de los dos países con grupos criminales se mantuvo desde aquellos años hasta ahora: han cambiado los personajes pero la trama es la misma. Incluso se ha profundizado en los últimos años.
Chetumal, Cancún, Cozumel e Isla Mujeres no son únicamente destinos turísticos o puntos de contacto cultural con Cuba. Son nodos de movilidad regional. La cercanía marítima, los vuelos, el comercio, las migraciones y la expansión inmobiliaria generaban, lo siguen haciendo, condiciones propicias para ocultar capitales ilícitos y mover personas o mercancías bajo coberturas aparentemente legales. La economía turística ofrece, además, un terreno fértil para el lavado de dinero: hoteles, restaurantes, desarrollos, agencias de viaje, transporte y negocios de entretenimiento permiten mezclar recursos de origen diverso y volver más difícil seguir su rastro.
El legado negro del villanuevismo tampoco terminó con la captura del exgobernador. Quintana Roo siguió siendo territorio de disputa criminal después de Villanueva. A la droga se sumaron la extorsión, la trata, el cobro de piso, el despojo inmobiliario y la explotación de los mercados turísticos. Pero el mecanismo de fondo se mantuvo: el crimen organizado requiere conexiones con funcionarios, policías, operadores financieros y actores empresariales para consolidarse. Y a eso siempre se sumó la presencia cubana como la que ahora describe el NYT. Lo que resulta increíble es que con toda esa historia criminal de décadas se diga ahora que “no hay pruebas” de ello.
El legado de Villanueva dejó una lección incómoda: las rutas del narcotráfico no se sostienen únicamente con armas, sicarios, lanchas, avionetas o cargamentos; se sostienen, sobre todo, con protección institucional. Y el fenómeno trasciende, como es el caso, el contexto regional o nacional. Es global y así debe ser entendido y combatido. Pero aquí “no hay pruebas”.
