Eduardo Ruiz-Healy
“En realidad nunca va a acabar de pagarse porque nunca se paga el capital, solamente una parte de los intereses; además, otra parte se paga con deuda”, afirmó ayer Claudia Sheinbaum. Anunció que Hacienda presentará un estudio sobre el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
En julio pasado, los pasivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que en 1999 sustituyó al Fobaproa, ascendían a poco más de 1.165 billones de pesos: 8,964 pesos por cada uno de los 130 millones de habitantes de México. A ellos se sumaban 35,852 millones de los programas de apoyo a deudores. Hasta abril de 2025 se habían pagado más de 2.03 billones en intereses: otros 15,615 pesos por persona. El saldo y los intereses pagados equivalen a casi 25,000 pesos por habitante.
El Fobaproa fue creado en 1990 durante el sexenio de Carlos Salinas. La crisis bancaria estalló en diciembre de 1994 y, desde 1995, Zedillo utilizó el fondo para capitalizar bancos. En diciembre de 1998, a propuesta suya, el Congreso convirtió en deuda pública pasivos por unos 552,000 millones. En enero de 1999 se publicó la ley que creó el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
El rescate no comenzó entonces: la votación legislativa formalizó tres años después compromisos que el gobierno federal ya había adquirido desde 1995.
Desde 1995 me opuse al rescate bancario mediante fondos públicos, es decir, con el dinero de todos los mexicanos. Los economistas gubernamentales de aquella época nos dijeron que la mayoría de los mexicanos resultaríamos sumamente perjudicados si no se realizaba el rescate, que perderíamos nuestros ahorros, que el país no podía sobrevivir sin un sistema de pagos. Yo dije públicamente que no me importaba perder mis ahorros con tal de que Zedillo y sus compinches no hipotecaran mi futuro, el de mis hijos y el de mis nietos. Es obvio que no se me hizo caso ya que el rescate tenía como objetivo primordial salvarle sus ahorros al 2% de los cuentahabientes bancarios que eran dueños del 89% de los depósitos.
En 1998, en el libro Fobaproa: bomba de tiempo, publicado por Times Editores, escribí que el rescate probablemente fue “el mayor robo de la riqueza de un pueblo en la historia de la humanidad”. Lo escribí mientras se discutía si el gobierno debía asumir la deuda.
El 14 de diciembre de 1998 denuncié en esta columna que el PAN incumplió sus promesas. El coordinador de sus diputados, Carlos Medina Plascencia, aseguró en mi noticiero de Radio Fórmula que no permitiría destinar un centavo público al rescate. El presidente nacional panista, Felipe Calderón, exigió las renuncias de Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México, y Eduardo Fernández, presidente de la CNBV. Sin embargo, el PAN pactó con el PRI y Zedillo, aprobó la creación del IPAB y ninguno renunció.
En 2022 señalé la incongruencia de Ignacio Mier, hoy coordinador de los senadores de Morena: apoyó el rescate como diputado priista y después lo calificó de saqueo.
Claudia Sheinbaum deberá demostrar que el capital no disminuye y que 2050 dejó de ser una fecha viable. Mi posición permanece: era indispensable proteger los depósitos y el sistema de pagos, pero no encubrir irregularidades ni dejar sin castigo a quienes se beneficiaron del rescate.
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