Marco Alvarado / Diario de Chiapas
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) exigió al Congreso local la inmediata promulgación del reglamento de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, marco normativo que permanece inoperante desde hace 14 años por la falta de dicho instrumento normativo, emitido originalmente en 2012.
La organización calificó como inoficioso que el Congreso local intente plantear una nueva ley mientras se omite deliberadamente hacer efectiva la legislación vigente.
De acuerdo con el Frayba, la omisión agrava la vulnerabilidad de 24 mil 510 personas víctimas de desplazamiento forzado registrado en el estado.
En este sentido, señalan que comunidades enteras permanecen en movilidad forzada, sin acceso a refugios seguros, sin atención humanitaria emergente y expuestas a constantes agresiones.
La falta de reglamentación deja a los afectados sin reconocimiento oficial ni rutas claras para su protección y eventual retorno seguro, perpetuando un escenario donde persisten familias en desplazamiento pleno e intermitente.
La crisis es especialmente crítica en la región fronteriza, particularmente en los municipios de Amatenango de la Frontera, Frontera Comalapa y Chicomuselo, donde la violencia armada y el control territorial de grupos criminales han expulsado a cientos de familias desde 2021.
Sin embargo, el fenómeno se ha extendido a diversas regiones de la entidad a través de eventos recientes, como el ocurrido en el municipio de Chilón, donde integrantes del Congreso Nacional Indígena en el ejido Jotolá, fueron desplazados en febrero de 2026.
En el municipio de Ocosingo el pueblo Maya Lacandón, de la comunidad Lacanjá Chansayab, sufrió esta condición desde el 13 de septiembre de 2023.
También en Ocosingo, en la comunidad Nueva Palestina, hay familias desplazadas desde diciembre de 2021 que continúan sin atención adecuada ni acceso a la justicia.
Por estos casos, el centro defensor urgió a las autoridades a asumir su responsabilidad legal para restituir los derechos de las víctimas y garantizar mecanismos reales de protección y justicia.
