Luis Roberto Martínez/ Diario de Chiapas
A pesar de los avances legislativos de los últimos años, el maltrato y el envenenamiento animal son una constante en Tuxtla Gutiérrez y diversos municipios de Chiapas, así lo alertó José Antonio López, fundador de la iniciativa Dejando Huella.
El activista señaló que, si bien la disposición de las autoridades para atender estas denuncias ha mejorado, el verdadero desafío radica en aterrizar el marco legal existente:
-De la ley a la práctica: falta traducir las reformas normativas en políticas públicas operativas y eficaces.
-Atención efectiva: requiere un seguimiento real que garantice la aplicación de sanciones y medidas de prevención en el estado.
López enfatizó que la carencia de infraestructura pública para albergar a los animales rescatados representa una de las mayores deficiencias del sistema.
Debido a esta limitante, las autoridades locales enfrentan una restricción institucional:
-Inexistencia de refugios oficiales: ni los ayuntamientos ni la fiscalía disponen de instalaciones estatales para resguardar a las víctimas de maltrato o abandono.
-Dependencia del sector civil: Las instancias gubernamentales terminan delegando el resguardo en rescatistas independientes y albergues privados, los cuales operan al límite y con sus propios recursos financieros.
Para garantizar una aplicación efectiva de las sanciones, el fundador de Dejando Huella subrayó la importancia de delimitar con exactitud qué conductas se tipifican como maltrato animal, advirtiendo que los vacíos o interpretaciones muy amplias obstaculizan la justicia.
Asimismo, reconoció que las recientes vinculaciones a proceso señalan un progreso y afirmó que resultan insuficientes para erradicar el problema. Por ello, instó a fortalecer la educación desde la infancia y lanzar campañas públicas de concientización sobre las consecuencias legales de agredir o envenenar animales.
