Historias de NegoCEOs
Mario Maldonado
Miguel Ángel Solano Ruiz no tenía cargo en las aduanas, pero, según los testimonios de la investigación, intervenía en la designación de funcionarios y coordinaba descargas de combustible. También repartía los sobornos. Ahora que el llamado “Capitán Sol” está preso, la atención se concentra en los nombres y la información que podría aportar. El marino retirado señalado como operador de la red de huachicol fiscal de los hermanos Farías Laguna podría esclarecer quién financiaba los cargamentos y cómo se hacían las gestiones dentro del gobierno.
Solano conocía las instituciones desde dentro. Había trabajado en inteligencia naval y estuvo comisionado en la SEIDO, la unidad de la entonces PGR que investigaba a la delincuencia organizada. En febrero de 2018 se retiró de la Armada. Años después, su nombre comenzó a aparecer en una investigación sobre marinos, empresarios y funcionarios que habrían convertido las aduanas en un negocio de contrabando.
Sabía cómo se movía una investigación y conocía los procedimientos de la Marina. Según los testimonios incorporados al expediente, también sabía a quién buscar para colocar personal en las aduanas y resolver problemas con los cargamentos. Lo mismo hacía llegar el dinero a quienes permitían descargarlos. Ese sería el valor de una eventual declaración suya.
Los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, aparecen como los presuntos jefes de la organización. Solano y el capitán Clímaco Aldape Utrera habrían gestionado movimientos de funcionarios con su visto bueno. Pero entre la instrucción que describe un testigo y el nombramiento de un servidor público hubo necesariamente decisiones administrativas.
Esa distancia entre el poder que ejercía y el cargo que no tenía es uno de los asuntos que su captura obliga a esclarecer. La Marina, la Agencia Nacional de Aduanas y el SAT confirmaron, según la información del expediente que se ha hecho pública, que Solano carecía de nombramiento en el sistema aduanero. Su presunta capacidad para intervenir allí dependía de quienes sí tenían atribuciones legales.
Entre los datos divulgados de la investigación figuran 3.4 millones de pesos que recibió como nómina de cinco empresas y cerca de cinco millones provenientes de un sindicato identificado como SIPROMEX. ¿Qué trabajo hacía para esas compañías? ¿Qué relación tenía con la organización sindical? Los pagos requieren una explicación sobre su origen y concepto.
La historia del pensionado que movía millones en casinos ha ocupado buena parte de su perfil público. Detrás de las apuestas hay una cronología devastadora. Se han reportado 400 avisos relacionados con sus operaciones entre 2015 y 2023, además de alertas bancarias a la Unidad de Inteligencia Financiera. El rastro antecede al decomiso del Challenge Procyon, en marzo de 2025, que expuso la trama.
El tamaño del negocio es gigantesco. Hace un año, la procuradora fiscal Grisel Galeano habló de un posible daño de 600 mil millones de pesos por huachicol fiscal. Después, Presidencia rechazó que existiera una cuantificación oficial y sostuvo que la referencia provenía de un diputado. La cifra quedó instalada en la discusión pública y en el imaginario colectivo.
En ese contexto cobran relevancia las alusiones a Ojeda y a Andrés Manuel López Beltrán. Hay testimonios que atribuyen a Solano haber invocado sus nombres cuando las operaciones enfrentaban problemas. El capitán podría aclarar si utilizaba esos nombres para imponerse ante otros funcionarios o si existían contactos e instrucciones que puedan comprobarse.
Imposible saber por ahora qué versión ofrecerá el Capitán Sol. Tampoco si sus dichos coincidirán con los de quienes hoy lo señalan. El gobierno lo presentó como el último integrante de Los Primos que faltaba detener. Lo que sigue es establecer para quién o quiénes lo hacía. ¿La Fiscalía va a dejar que declare todo lo que sabe, caiga quien caiga? Ya lo veremos.
Posdata 1
Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, terminó adelante de Lula da Silva en la primera vuelta de las elecciones brasileñas de este domingo, con alrededor de 47% de los votos frente a 45%. Ambos se enfrentarán de nuevo el 25 de octubre. El resultado fortalece la posibilidad de un regreso del bolsonarismo al poder, aunque todavía no permite darlo por ganador. Para la presidenta Claudia Sheinbaum, una derrota de Lula significaría perder al principal contrapeso regional con el que comparte afinidades políticas, ahora que América Latina está girando hacia gobiernos de derecha.
El movimiento del péndulo hacia la derecha o ultraderecha ya se vio con Javier Milei en Argentina; José Antonio Kast en Chile; Rodrigo Paz en Bolivia; Nasry Asfura en Honduras; Keiko Fujimori en Perú y Abelardo de la Espriella en Colombia. A ellos se suman la continuidad de Daniel Noboa en Ecuador y de Laura Fernández en Costa Rica, así como los triunfos de Santiago Peña en Paraguay, José Raúl Mulino en Panamá y las reelecciones de Nayib Bukele en El Salvador y Luis Abinader en República Dominicana. No todos representan una alternancia ni pertenecen a la misma corriente, pero el balance electoral muestra cuánto ha cambiado la región desde la expansión de los gobiernos progresistas.
México se está quedando solo. Uruguay, con Yamandú Orsi, y Guatemala, con Bernardo Arévalo, aún mantienen gobiernos de izquierda o centroizquierda, pero perder a Brasil como interlocutor afín reduciría considerablemente el espacio de Sheinbaum para construir posiciones regionales. Esa es la consecuencia inmediata que tendría un triunfo de Bolsonaro. Para Morena, la advertencia hacia 2027 está en el desgaste que producen la inseguridad, la corrupción y las expectativas económicas incumplidas. La oposición mexicana todavía tendría que convertir ese descontento en una alternativa capaz de ganar votos.
Posdata 2
Luis Enrique Osuna Sánchez fue electo presidente del Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia de Justicia Administrativa por un periodo de tres años. Su encargo será fortalecer una vía para resolver diferencias entre ciudadanos y autoridades mediante acuerdos, con un reto concreto: que los convenios se cumplan y permitan evitar litigios prolongados.
Osuna, quien dirige el centro público especializado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, planteó una agenda de coordinación entre tribunales, capacitación de facilitadores y reformas para atender los obstáculos legales que enfrentan estos mecanismos. La elección se realizó en una sesión que contó con la presencia de José Ramón Amieva, presidente del TFJA, y Andrés Aguilera, presidente del tribunal administrativo capitalino y de la asociación nacional de magistrados de la materia.
Uno de los compromisos que merece seguimiento es la evaluación de resultados. La propuesta contempla distinguir cuántas solicitudes se reciben, cuántas llegan a un convenio y cuántos acuerdos se cumplen. Ahí podrá medirse la utilidad de esta modalidad de justicia. Para el ciudadano que enfrenta una controversia con una autoridad, el valor del diálogo depende de que lo pactado tenga consecuencias y no se convierta en otro trámite pendiente.
Posdata 3
El asesinato de la subdirectora de la Secundaria General 13 de Torreón, Coahuila, abrió una discusión que las autoridades educativas no pueden seguir postergando. El pasado 1 de octubre, dos hermanos de 18 años irrumpieron en el plantel con armas blancas y petardos, en un ataque que dejó también cuatro personas heridas. La seguridad de maestros y alumnos requiere protocolos que puedan aplicarse en una emergencia.
El SNTE, encabezado por Alfonso Cepeda Salas, anunció que en las próximas semanas impulsará una estrategia de capacitación para docentes, estudiantes y padres de familia, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y personal especializado de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina. El propósito es que las comunidades escolares sepan cómo actuar ante situaciones que pongan en riesgo su integridad.
La iniciativa es pertinente y su alcance dependerá de que llegue a los planteles y se acompañe de mecanismos de alerta, atención psicológica y coordinación con las autoridades locales. Preparar a un maestro para responder a una agresión es necesario; la responsabilidad de prevenirla y contenerla corresponde a las instituciones de seguridad. Esa tarea no puede terminar depositada en quienes están frente al salón de clases.
@MarioMal
