Eduardo Ruiz-Healy
En los últimos días, decenas de funcionarios federales, estatales y municipales renunciaron o solicitaron licencia para participar en los procesos internos de Morena rumbo a las elecciones de 2027. Las candidaturas no están definidas, pero los puestos públicos comenzaron a quedar vacantes. La discusión se ha concentrado en los aspirantes, cuando también debería examinarse el costo de estas salidas para la administración pública.
En Oaxaca, el gobernador Salomón Jara confirmó el lunes las renuncias de Saymi Pineda Velasco, secretaria de Turismo; Vilma Martínez Cortés, secretaria de Bienestar, Tequio e Inclusión; Natalia Karina Barón Ortiz, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y Sergio López Sánchez, director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca (CECyTEO). Los cuatro buscarán diputaciones federales, pero ninguno tiene asegurada la candidatura.
No dejaron cargos menores. El CECyTEO opera 106 planteles; Bienestar administra apoyos para personas con discapacidad y participa en programas que alcanzan a cientos de miles de alumnos; Turismo maneja promoción y contratos de una actividad clave para Oaxaca, y el Secretariado Ejecutivo coordina políticas, recursos e información relacionados con la seguridad. Juntas, estas áreas ejercen más de 1,570 millones de pesos.
Las salidas no se limitan a Oaxaca. Dunia Ludlow renunció a la dirección de Tiendas SuperISSSTE para buscar la candidatura de Morena en la alcaldía Cuauhtémoc. También se han registrado separaciones en dependencias federales y gobiernos de Zacatecas, Veracruz, Chiapas y diversos municipios. Se desconoce hasta ahora cuántos funcionarios se fueron, cuánto personal dependía de ellos ni qué presupuestos y programas quedaron bajo nuevos responsables.
No hay evidencia de que los servicios se hayan detenido y sería incorrecto afirmar que cada renuncia provocará una crisis. El costo administrativo es menos visible: designar sustitutos, entregar expedientes, cambiar firmas y facultades, revisar contratos, reasignar responsabilidades y familiarizar a los nuevos titulares con programas en marcha. También se pierde continuidad cuando quien llega modifica equipos, prioridades o procedimientos.
La exigencia de Morena para que los aspirantes se separen del cargo es para impedir que utilicen personal, presupuesto y programas públicos para promoverse. El problema es que obliga a realizar sustituciones meses antes de la elección y cuando las candidaturas todavía dependen de encuestas, negociaciones y acuerdos con el PVEM y el PT. El gobierno absorbe desde ahora el costo de aspiraciones que pueden no concretarse.
La regla tampoco afecta a todos por igual. Muchos funcionarios tuvieron que renunciar, mientras los diputados que buscan reelegirse pueden conservar su curul y los recursos asociados al cargo. La competencia electoral modifica administraciones antes de que Morena elija a sus candidatos. Conviene saber quiénes dejaron sus puestos, qué tenían bajo su responsabilidad y quién responderá ahora por los resultados. Las aspiraciones pertenecen a los políticos; el costo de sus renuncias anticipadas lo paga el pueblo.
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