Puntos Fiscales
José Luis León Robles
En México, el poder no siempre termina cuando un presidente abandona Palacio Nacional. A veces, cambia de manos, se transforma en influencia política, se convierte en capital social y continúa gravitando alrededor de quienes heredaron algo más que un apellido: la cercanía con uno de los hombres más poderosos de la política mexicana. Los hijos de Andrés Manuel López Obrador se encuentran hoy en el centro de una discusión incómoda para Morena: ¿hasta dónde llega el legado político de un expresidente y dónde comienza la responsabilidad individual de su familia? Porque una cosa es heredar un apellido y otra muy distinta es utilizarlo en un entorno donde los contratos públicos, los grandes proyectos de infraestructura, los empresarios cercanos al poder y las decisiones gubernamentales deben estar sometidos al escrutinio ciudadano. La contradicción resulta inevitable. Durante años, López Obrador convirtió la austeridad republicana, el combate a la corrupción y la eliminación de los privilegios en las banderas centrales de su discurso político. Su mensaje fue contundente: el gobierno debía servir al pueblo, no a las élites; los cargos públicos no debían convertirse en instrumentos para enriquecerse, y la cercanía con el presidente no debía representar una ventaja para hacer negocios. Sin embargo, cuando las investigaciones periodísticas comienzan a poner bajo la lupa a los hijos del fundador de Morena y a sus círculos empresariales, la pregunta deja de ser meramente política y adquiere una dimensión ética: ¿se está aplicando el mismo estándar de transparencia a todos? Andrés Manuel López Beltrán, conocido públicamente como Andy, y Gonzalo López Beltrán han aparecido en reportajes y controversias relacionados con empresarios cercanos a la familia y con proyectos emblemáticos del sexenio anterior. José Ramón López Beltrán también ha sido objeto de cuestionamientos públicos sobre su estilo de vida y sus relaciones. Entre los asuntos que han generado mayor controversia se encuentran las investigaciones periodísticas sobre el empresario Amílcar Olán, su cercanía con integrantes del entorno familiar y los negocios relacionados con obras públicas, incluido el Tren Maya. También han surgido señalamientos sobre presuntas redes de tráfico de influencias y operaciones vinculadas al llamado huachicol fiscal. Estos señalamientos deben investigarse con seriedad, pero también con responsabilidad: una publicación periodística, una grabación o una acusación no constituyen por sí mismas una sentencia judicial. Los involucrados tienen derecho a defenderse y las autoridades tienen la obligación de esclarecer los hechos con pruebas. Precisamente por eso, la exigencia debe ser clara: ni condenas anticipadas por razones políticas ni protección automática por razones familiares. Si no existe responsabilidad, que se demuestre. Si hay elementos que ameriten una investigación, que se investiguen. Y si se acredita alguna conducta ilícita, que se apliquen las consecuencias previstas por la ley, sin importar el apellido de quien resulte responsable. La austeridad no puede ser únicamente un discurso dirigido a los adversarios ni una exigencia para los funcionarios de menor rango. Debe ser una convicción verificable en el ejercicio de la función pública y en la relación entre los gobernantes, sus familiares y quienes reciben beneficios del Estado. El problema político no consiste en que los hijos de un expresidente tengan negocios, amistades o aspiraciones propias. En una democracia, la condición de familiar de un político no cancela los derechos de una persona ni la convierte automáticamente en sospechosa. El problema aparece cuando existen indicios de que la proximidad con el poder pudo facilitar contratos, abrir puertas que permanecen cerradas para otros empresarios o generar ventajas que no se explicarían por méritos ordinarios. ¿Quiénes fueron los beneficiarios de los contratos? ¿Qué procedimientos de adjudicación se utilizaron? ¿Se cumplieron las condiciones técnicas y legales? ¿Existieron conflictos de interés? ¿Se verificaron los precios, la calidad y la entrega de los bienes o servicios? ¿Hay documentación suficiente para rastrear el origen y destino de los recursos? En los grandes escándalos políticos, las relaciones personales suelen convertirse en un asunto de interés público cuando se cruzan con decisiones gubernamentales, contratos o recursos del erario. La solución no es una campaña de linchamiento. Es una investigación independiente, verificable y transparente; una que permita conocer los expedientes, las adjudicaciones, los pagos, los vínculos empresariales relevantes y las responsabilidades que, en su caso, puedan acreditarse. Morena enfrenta un desafío que va más allá de una familia. Su credibilidad depende de que los principios con los que llegó al poder se apliquen también cuando las preguntas incómodas alcanzan a sus propios dirigentes, aliados o fundadores. Si el creador nos lo permite, nos estaremos leyendo la siguiente semana en esta su columna.
