Roger Heli Díaz Guillen
Chiapa de Corzo, Chiapas
Un canal en redes denominado POLEMON publicó el 4 de septiembre de 2023 que Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en funciones y responsables de los otorgamiento de amparos contra los libros de texto: Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayan, son integrantes de la Asociación Civil INSTITUTO MEXICANO DEL AMPARO que litigan en contra del gobierno federal, lo cual no solo resulta NO ético, NO profesional y NO consecuente del deber como Poder Público; derivando conductas que configuran delito de CONFLICTO DE INTERESES, AL SER JUEZ Y PARTE EN LA JUSTICIA MEXICANA; que resulta un tema de investigación de vinculación de actividades multifacética de ministros mexicanos en el mundo de la sociedad civil, política partidista y mundo de la impartición de justicia, promovida bajo intereses como se denuncia en publicación aludida.
Destacan en la publicación, que dicho instituto ha facilitado la libre descarga de formatos de demandas de amparo, donde solo hay que llenar espacios de nombre, lugar y algunas circunstancias, para luego ser presentadas de forma masiva y resolverse en la corte, donde están los promotores en el papel de juzgadores y resolver en consecuencia a favor de lo demandado, bloqueando el ejercicio de las instituciones públicas del Estado mexicano como la SEP, con el argumento falaz de falta de consulta pública y otros argumentos dudosos en su interpretación y aplicación.
Esta conducta “bélica” de algunos de los integrantes de la SCJN, que representan hoy la mayoría del pleno, se destacó en artículo del suscrito “La SCJN abonando al Conflicto Educativo en México”, asumiendo un papel de bateador de toda iniciativa de reforma que provenga del Ejecutivo, sin estudiar el fondo de las reformas dejando sin derechos educativos a los pueblos indígenas, afro mexicanos y población con capacidades diferentes, al declarar inexistentes los derechos de esta población en la Ley General de Educación, cuya duda de honorabilidad de sus personajes se fortalece en publicaciones documentadas de que financiamientos de muchos millones de pesos de la embajada de EUA, llegan a grupos de oposición en México como Ciudadanos Contra la Corrupción A.C; por lo que sin temor a equivocaciones, seguramente también fluyen financiamientos a este Instituto por la actividad que realizan, que resulta también en su ejercicio, actividades que configuran un esquema de Tráfico de Influencias; creando problemas jurídicos, para luego crear instrumentos (modelos de demandas), que promueven en redes la subversión de la ciudadanía y resuelven como autoridad suprema en un formato de novela Crónica de Una Muerte Anunciada. Qué ironía y contradicción de principios y valores.
El problema no está en la existencia de la SCJN. El problema está en algunos de sus integrantes, que devienen de grupos políticos y económicos que gobernaron en décadas pasadas; explicando su identidad con la conducta asumida y los intereses que los mueven y motivan, muchos en el crepúsculo de su vida activa en el Poder Judicial Federal Supremo, afortunadamente.
El contexto expuesto, motiva a la propuesta de reformar la Constitución en cuanto a las atribuciones del Poder Judicial y sus limitaciones ante el bien común; ya que resulta contrario al espíritu del derecho, que se oponga irregularidades u omisiones de forma, para no estudiar el fondo de los fines sociales de la acción legislativa.
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