“El Arte de la Guerra” entre poderes públicos en México

Roger Heli Díaz Guillén
Chiapa de Corzo, Chiapas
La coordinación entre los poderes públicos es piedra angular de la soberanía nacional y paz interior, que debe estar basada en la comunicación y acuerdos, sin perder independencia e identidad; que busquen como fin y convergencia el respeto a la Constitución Política, orden social y el bien común del pueblo mexicano, en lo que históricamente pasamos de décadas de control del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial a una presunta independencia de este, justamente a partir del 2018, confundiendo el tema en el terreno político y manejo en medios de comunicación sobre la controversia entre poderes públicos, existiendo muchas opiniones que se delimitan entre la misma población y voces que se han opuesto durante cinco años del cambio de forma de gobierno y, por otra parte, la población que consideramos importante regular los poderes públicos al amparo del derecho soberano ciudadano constitucional, iniciando con el poder judicial, cuya vida interna había sido poco observada o convenencieramente consentida; que violando lo dispuesto por la costumbre política de no intervenir en la vida política, sus actores tuvieron que definirse -o bien les fue exigido- sumarse al bloque opositor para frenar los procesos legales propuestos por los poderes Ejecutivo y Legislativo en el terreno democrático, judicial, energético y educativo.
La estrategia aplicada entre poderes hace recordar la obra “El arte de la guerra” del célebre Sun Tzu, en la que una parte, el Ejecutivo, se situó en una posición de ganar encerrando al “enemigo” o contraparte, Poder Judicial, atacando la parte más sensible: el presupuesto, riquezas (miles de millones de pesos en fondos fideicomitidos) y privilegios de vida, mediante el uso de los fondos económicos de fideicomisos; donde 12 de 13 extinguidos por el poder legislativo no afectan derechos laborales de los trabajadores, ya que estos recursos corresponden a pagos complementarios de pensiones que ningún trabajador en México tiene: pagos de mantenimiento de casas, contratación de personal, alimentación, viajes y gustos de magistrados, jueces y mandos medios, así como servicios médicos complementarios; es decir, especiales y adicionales a sus derechos de salud en el ISSSTE, con el que cuentan como cualquier trabajador.
Este movimiento táctico en el campo de guerra que es la vida pública, obligó al Poder Judicial a sacar su fuerza o fortaleza disponible y posible: su base trabajadora, vinculando la afectación de extinción de los fideicomisos de administración a los derechos laborales, que verdaderamente no resultan lesionados; mucho menos la de magistrados y jueces, que la extinción les representaba regalías, formas de vida, negocios publicitarios y edición. Uso de recursos que debían regresarse a la federación, se disponían a fondos de este mismo gremio, como excepción de responsabilidad de todo servidor público; por ser Judicial, que se cocinan aparte como lo hace el ejército mexicano.
La guerra se expresó en la promulgación de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el DOF el siete de junio de 2021, que fue combatida con sentencia y declaratoria de invalidez del decreto de reforma publicado en el DOF el dos de marzo de 2023, asumiendo irónicamente el papel de juez y parte, resolviendo en su beneficio.
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