El Informador / Pamela Bravo
En un mundo que arde, se inunda y se quiebra bajo el peso del cambio climático, los bosques siguen siendo nuestro mejor escudo y, paradójicamente, el recurso que más devastamos. Cada árbol en pie es un respiro para la atmósfera, un refugio para la biodiversidad y un freno a la desertificación. Solo en 2022 el mundo perdió 6.6 millones de hectáreas de bosque, el equivalente a nueve millones de canchas de fútbol. Global Forest Watch estima que esta deforestación liberó 2.7 gigatoneladas de CO2 a la atmósfera.
Frente a esta deforestación, la expansión urbana sin freno y la escasez de recursos o ceguera de los gobiernos, la conservación privada se ha convertido en una estrategia fundamental.
A diferencia de las reservas estatales, estas iniciativas dependen de la voluntad de personas y comunidades que deciden proteger sus tierras a largo plazo, evitando que terminen en manos de industrias extractivas o del mercado inmobiliario. Es un acto de resistencia, responsabilidad y esperanza. No se trata de un ideal: el bienestar de aproximadamente mil 600 millones de personas depende directamente de los bosques. Muchas de estas comunidades los protegen y, con ellos, resguardan el planeta.
La conservación privada genera impactos positivos a nivel local, económico y ambiental. Complementa las áreas protegidas públicas al conectar ecosistemas fragmentados y ampliar la cobertura de conservación.
En América Latina, donde se concentra más del 50% de la biodiversidad del planeta, esta forma de conservación ha permitido salvar ecosistemas enteros.










