Agencias
El embarazo infantil persiste en México y las metas para erradicarlo en 2030 –como se plasmó en la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en la Adolescencia (Enapea), en 2015– parece lejana aún. No obstante, hay indicadores positivos en los últimos años que, fortalecidos, podrían cambiar sustancialmente el panorama en el mediano plazo, para lo cual se necesita, entre otros, priorizar la estrategia, fortalecerla en los municipios y proporcionar un presupuesto etiquetado.
Estos son algunos de los planteamientos referidos en el estudio “Embarazo temprano en México”, realizado por investigadoras e investigador de El Colegio de México y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) México. En entrevista, Jeraldine del Cid, investigadora de Flacso, explica algunos detalles de la investigación y expone cómo se encuentra el panorama de este problema de salud pública, justicia social e incluso cultural en nuestro país.
“Es un problema público sumamente complejo, porque es multifactorial: Se ha atendido desde alguna perspectiva de salud pública, así como de prevención y acceso a servicios y métodos anticonceptivos, sin embargo, es además un tema social porque atraviesa otros como educación, formación y violencias –la mayoría de las adolescentes embarazadas antes de los 15 años es producto de una violación–; por ello, se requiere una atención integral”.
El Estado mexicano ha llevado a cabo distintas políticas desde hace medio siglo, añade, no obstante, es hasta 2015 que se plantea una estrategia integral, intersectorial e intergubernamental por medio de la Enapea.
Uno de los problemas de esta estrategia, han identificado este y anteriores estudios, es que hay una carencia en la priorización de municipios con las tasas más altas de embarazos. “Por otro lado, no se han asignado los recursos suficientes para su atención, no sólo desde la perspectiva de salud, sino de educación y atendiendo procesos para enfrentar situaciones de violencia y prevención”.
El enfoque de la atención además debe ser desde la perspectiva de los derechos humanos y reproductivos, e involucrar la responsabilidad de los hombres y de las comunidades para prevenir embarazos, añade.
Tras un análisis y recomendaciones internacionales a la Enapea, en 2021 se planteó una reorientación del programa, refiere la académica, no obstante, no logrará alcanzar la meta trazada para 2030 si se mantienen las condiciones actuales.
Una de las recomendaciones del estudio, agregó, es priorizar la atención a nivel municipal, principalmente donde hay las tasas más altas, que pasan de 70 nacimientos por cada mil adolescentes –“aunque la cifra de 40 por cada mil se considera ‘baja’, pero también son más altas de lo deseable–; vemos que aún falta mucho por recorrer para que la Enapea se implemente a nivel municipal, todo se queda a nivel estatal, pero debemos priorizar municipios”.
Otra recomendación es involucrar a los adolescentes en las campañas de educación y prevención para que generen un ambiente de confianza con otros jóvenes al momento de hablar de sexualidad, principalmente en comunidades pequeñas donde el tema aún es tabú. Se requiere además integrar la perspectiva de género integral a la estrategia, donde al hablar de la prevención de embarazos no sólo sea desde los derechos reproductivos, sino integral, con los derechos sexuales, para que se comprenda que la sexualidad es parte necesaria del desarrollo de una persona individual y socialmente, explica.
“Prevenir el embarazo no es prevenir las relaciones sexuales, sino acompañar ese proceso de descubrimiento de la sexualidad desde una perspectiva de la autonomía que puedan tener los adolescentes y donde haya respeto pleno a las diversidades”.
Un problema clave, enfatizan los especialistas, es el tema del presupuesto, ya que, desde el lanzamiento de la estrategia, la Enapea carecía de fondos. Este es el meollo del problema en términos de implementación de política pública, dice Del Cid, sin embargo, se han empleado recursos de un fondo del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) llamado FOBAM (Fondo para el bienestar y el avance de las mujeres) que otorga a cada entidad alrededor de 3 millones de pesos anuales para la implementación de diversas políticas. Sin embargo, la operación de la Enapea de esta forma es limitada.
La académica apunta que no se requiere más presupuesto, sino coordinación intersectorial a nivel local en la Enapea y que se acompañe de cierta obligatoriedad para las instituciones y administración pública, para que las instancias que conforman los grupos estatales o municipales planifiquen parte de su presupuesto anual para estas actividades. “Que no sea solo voluntad política, sino se transforme materialice presupuestalmente”.
La académica enfatiza que el problema no es la meta de la estrategia, sino el tiempo en que se propuso. “En el estudio recomendamos mantener esa ambición, pero acompañarla de una segunda fase de metas intermedias a corto y mediano plazo, principalmente en municipios con mayores tasas de embarazo adolescente”.
Jeraldine del Cid es investigadora de Flacso México.
Jeraldine del Cid es investigadora de Flacso México. Flacso
Una vez que nos acerquemos al 2030 se pueden plantear evaluaciones más profundas de los impactos y resultados de la estrategia, agrega, y plantearse nuevas metas en nuevos tiempos. “Este problema público seguirá existiendo hacia el 2030, quizá no en la misma magnitud que en 2015. Lo importante es que haya continuidad en las políticas públicas y, sin importar el gobierno en turno –la alternancia es buena para las democracias, pero en momentos pueden ser limitantes de las políticas de Estado–, recordar que este es un problema de México (y Latinoamérica) y se debe enfrentar por el Estado sin importar quien lo está administrando”.
PANORAMA EN CIFRAS
De acuerdo con el INEGI, en el trienio 2006-2008 la tasa de embarazo adolescente era de 70.9 por cada mil mujeres de 15 a 19 años; para 2011-2013 se incrementó́ a 77 nacimientos, y en el trienio 2015-2017 fue de 70.6.
El estudio recuerda que, en el país, cada día, más de mil adolescentes de entre 12 y 19 años se vuelven madres sin planearlo o desearlo (Conapo, 2022). “De hecho, la pandemia de covid-19 profundizó esta tendencia. El Consejo Nacional de Población en México estimó un aumento de 30% de los embarazos de adolescentes no intencionados entre 2020 y 2021, es decir, poco más de 29 mil nacimientos adicionales a los que se habían proyectado”.
El estudio señala además que, de acuerdo con las encuestas demográficas más recientes y disponibles, una proporción muy alta de las mujeres adolescentes gestantes no deseaban tener un hijo o hija, o hubiesen preferido posponer el embarazo: 49% de las adolescentes mexicanas de 15 a 19 años.
