Roger Heli Díaz Guillén
Chiapa de Corzo, Chiapas
En la vida pública de México, un hecho trascendental es haberse separado el poder económico del poder político y público desde el 2018, dando fin a las presiones de intereses empresariales, comerciales y del PRIANRD sobre los poderes de la Unión; observándose renovación mayoritaria en los integrantes del poderes ejecutivo y legislativo en el 2018, más no en el judicial, que ha asumido una posición que rebasa todo razonamiento jurídico y social del derecho Constitucional y normas del derecho nacional e internacional, donde dejó de prevalecer el bien común e interés jurídico colectivo de los gobernados.
Dejó de atender el fondo del bien social y legal de reformas constitucionales, para observar y oponer requerimientos administrativos internos de un poder autónomo que no afecta la esfera de derechos de los gobernados, que está por encima de los derechos administrativos y normativos internos de los diputados y senadores demandantes; omitiendo el poder judicial su identidad, que emana del poder originario y soberano del pueblo; del que hay que destacar el largo y tortuoso proceso de casi cuatro décadas del siglo XIX, en búsqueda de convergencia de intereses de los grupos sociales, económicos y políticos, lográndose un Pacto Social que plasmaron en nuestra primera Constitución Política como país independiente, en 1857.
Con la bandera: ¡El Poder Judicial no se toca! Niegan las facultades constitucionales de los otros poderes para intervenir en su existencia y regulación constitucional y, como mensaje político es genérico y ofende al pueblo de México asumiendo una autonomía equivoca, sumándose en evidente traición a la patria y parcialidad a una débil izquierda partidista que hacen trabajo de abogados y no de legisladores, donde los recintos legislativos de las Cámaras se han vuelto campos de beisbol y los diputados y senadores que no representan ningún interés del pueblo, se han transformado en litigantes y mayormente prestanombres, en demandas de consorcios jurídicos que no pagan ellos directamente y en bateadores de todas las iniciativas del poder ejecutivo.
Estamos ante un poder judicial beligerante, que en su composición mayoritaria actual fueron nombrados por los grupos de intereses hoy contrarios al nuevo gobierno; quienes por sus expresiones y actos, fortalecen la hipótesis hasta hoy no probada en México, pero en otros países sí, de ser instrumento del poder económico nacional e internacional y de grupos políticos que fueron desplazados de la disposición del erario público nacional; circulando información sobre estrategia internacional, que después de promover grupos sociales en guerras e intervención política como el apoyo que recibe Mexicanos Contra la Corrupción de la embajada de Estados Unidos, han adicionado en esta última década de cooptar y coartar los poderes legislativos en países de América Latina en contra de gobiernos demócratas, que afectan intereses transnacionales y del gobierno imperial, destacando como caso reciente haber llevado a la cárcel al presidente de Perú.
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